* Peligroso que lleguen personas no capacitadas ni con carrera en el ejercicio de la impartición de justicia: Julio Galindo
Tijuana, 25 de junio de 2024.- En tanto que se organizan movimientos de impugnación en contra de la reforma constitucional al Poder Judicial, directivos de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (FEDABO), advierten que hay un trasfondo político en esa iniciativa Presidencial.
En marco del foro semanal de la asociación de periodistas ANPAC de Baja California, el Presidente de la FEDABO, Lic Hassan Martín Franco Ruiz explicó que el objetivo principal de la iniciativa es que el Poder Ejecutivo, con control del Poder Legislativo, propongan y elijan a los nuevos jueces y magistrados, que, por obviedad, serán incondicionales de los gobiernos en el poder en turno.
Incluso, tan grave es el trasfondo político de esa reforma que, “ya hay fila de prospectos, recomendados, con la venia bendita del Presidente saliente y la Presidenta electa”.
Por su parte, el doctor en derecho, Julio Galindo Sánchez, Secretario General de la FEDABO, agregó que, la reducción de “experiencia a 5 años” para ser jueces o magistrados, con la reforma legislativa que se plantea, no solamente contraviene los requisitos de la carrera judicial, sino que, además, es peligroso que lleguen a esos cargos personas no capacitadas, y, lo peor de todo, que ni siquiera pedirán que comprueben tener carrera en el ejercicio de la impartición de justicia.
Por principio de cuentas, observa Hassan Franco, en la iniciativa, “la exposición de motivos yo la calificaría como un manual de buenos deseos, porque no está en armonía con el articulado; a los ciudadanos les venden el discurso, pero, los artículos, difíciles de comprender para la mayoría de los mexicanos, van a estar en la práctica de la impartición de justicia, y, no existen modificaciones en ese sentido, solamente en la forma de elegir nuevos jueces y magistrados”.
“En el articulado solo vemos el interés primordial de destruir la carrera judicial, y que el Ejecutivo y el Legislativo propongan, a su conveniencia, a los nuevos jueces y magistrados, los cuales serán sometidos al voto popular, sin necesidad de que demuestren experiencia en el ramo, solamente experiencia de 5 años como litigante, o, acreditar cursos y/o talleres de capacitación para el cargo”, advirtió.
Actualmente, señaló, para ser jueces o magistrados, el abogado debe pasar por exámenes y prácticas desde “abajo”, primero como “meritorios”, actuarios, secretarios de acuerdos, y concursando plazas hasta llegar al puesto de magistrados.
“El año pasado, de 543 plazas disponibles de la Federación, solamente 49 pudieron calificar; lo que nos habla de cuatro horas de exámenes de oposición, con sinodales, con casos prácticos y teóricos, y con una valoración de la carrera judicial, que no solamente evalúa que haya pasado desde meritorios hasta las demás plazas, sino también pesan las quejas y observaciones que hayan recibido en esa carrera; o sea, ser jueces y magistrados no es para cualquiera que propongan los actores políticos”, precisó Hassan Franco Ruiz.
A lo anterior, el doctor Julio Galindo añadió que no solamente puede ser poco o nada el requisito que pretenden de solo 5 años de experiencia en el derecho, o capacitación en el ramo, el peligro es que, desaparece la carrera judicial, y, no solamente serían propuestos y electos como jueces y magistrados personajes de cualquier carrera: arquitectos, médicos, carpinteros, sino, sobre todo, personajes ligados al gobierno en turno.
El articulado de la propuesta Presidencial dice que, el Poder Ejecutivo propondrá a 10 personas, el Legislativo a otras 10, y el Poder Judicial a otras 10; pero, no solamente habrá una invasión al Poder Judicial por parte del Ejecutivo y el Legislativo, que, además, sobrepasarán la cantidad de prospectos, obviamente ganarán los 10 más populares, y, esos serán los propuestos por los actores políticos del partido en el poder, que ahorita son unos, y mañana serán otros.
Para rematar con una ilustración muy contundente, los directivos de la FEDABO dijeron que, si esa reforma se hubiera aprobado cuando el Congreso de Baja California decretó las famosas Ley Bonilla 1 y 2, en la Suprema Corte no habría tenido oposición, porque los jueces y magistrados habrían sido incondicionales del Presidente López Obrador y su partido MORENA.