Por Crisstian Villicaña
Luego que el gobierno de Estados Unidos determinara cerrar la frontera para los migrantes que soliciten asilo en su país, la situación en los albergues de Tijuana y otras ciudades fronterizas del norte de México podrían verse en problemas para dar espacio a todos los que se quedarán sin la oportunidad de llevar su proceso en la Unión Americana.
En la actualidad los refugios para esta comunidad están a su máxima capacidad tras el constante arribo de personas en contexto de movilidad, tanto de América Latina, como de África y Europa.
Para José Israel Ibarra González, investigador del Colegio de la Frontera Norte ( El Colef) la decisión del presidente Joe Biden agudizará aún más el tema migrante en México.
“La capacidad instalada para garantizar los Derechos Humanos de estás personas que sean expulsadas es insuficiente, incluso sumando los albergues y los otros espacios de asistencia humanitaria de la sociedad civil y de los gobiernos sería imposible enfrentar la situación en las ciudades grandes como Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros”, apuntó Ibarra González.
“La situación sería aún más crítica en municipios más pequeños como Nogales o en San Luis Río Colorado, donde las posibilidades de atenderlo son muy reducidas, hay pocos albergues y por otra parte tienen una presencia de grupos criminales de manera permanente que agravarían mucho más las condiciones de las personas que están siendo rechazadas, los buscadores de asilo”, añadió el académico.
Suspender y limitar la entrada de ciudadanos no estadounidenses que buscan obtener asilo es definitivamente un golpe más al Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Buscadoras de asilo, de acuerdo a las palabras del experto.
Lo anterior luego que la proclama restringe la elegibilidad del asilo para aquellos que ingresan irregularmente a través de la frontera sur de Estados Unidos, incluidas las fronteras terrestres del suroeste y las fronteras costeras del sur, una decisión que contraviene la convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951.
El documento en cuestión define qué características debe presentar una persona para ser considerada como refugiado, así como los derechos que tienen y las obligaciones que le corresponden a los Estados para su protección, estableciendo el principio de no retornar a los solicitantes a un país donde enfrenta persecución.
El argumento del Gobierno de Estados Unidos para realizar esta acción de cerrar su frontera es que hay una saturación de casos que no han podido resolver, haciendo ineficiente el proceso para determinar si una persona es o no realmente acreedora al asilo.
Al final del año fiscal 2023 había más de 2,4 millones de casos pendientes en los tribunales de migración estadounidense.