Octavio Fabela Ballinas
Tijuana.- La posibilidad de que gobernadores remuevan a titulares de Seguridad Pública Municipal, regular la acción de las fuerzas armadas cuando realizan tareas propias de la policía, la implementación del mando único y mixto son parte de las bondades que ofrece la reforma en materia de seguridad pública que analiza el Congreso de la Unión.
Jorge Ramos Hernández diputado presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de la Unión en conferencia de prensa explicó que los diputados trabajan para mejorar la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en la que aseguró la experiencia de Baja California ha sido importante para enriquecer el proyecto que presentó el presidente Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con Ramos Hernández, la propuesta que incluye reformas constitucionales deberá estar lista antes del mes de abril para ser turnada a las legislaturas estatales a más tardar en el mes de agosto estará entrando en vigor pues depende de los tiempos legislativos que en algunos estados es demasiado lento.
La iniciativa impondría el mando único en la mayoría de los 2 mil 700 ayuntamientos del país y en sólo 80 de ellos, en los que el gobierno local ha mostrado capacidad para manejar su policía se instalaría la nueva figura de mando mixto, además de que se crea un mecanismo legal que regule el actuar de las fuerzas armadas, mismas que dejarán de ser controladas a discreción por el presidente de la República.
Sobre esto último, explicó que se hará necesario emitir una alerta de seguridad para que las fuerzas armadas del país puedan acudir en apoyo de algún municipio ese documento deberá incluir las fechas, cantidad de elementos y tareas que realizará, dando vista de ella a los órganos garantes de los derechos humanos.
Abundó que actualmente no hay herramientas que le permitan al ejército a realizar tareas de vigilancia civil que no sea por instrucciones del presidente de la República. En la reforma también se otorgará facultades al Ejecutivo de los estados para que remuevan a directores o secretarios de Seguridad Pública cuando se muestre incapacidad manifiesta de control policiaco.
También ofrecerá herramientas para que sea fiscalizado y controlado el recurso económico que se destina a los ayuntamientos para tareas de seguridad pública y se establecen penas y sanciones a quien desvíe el dinero para otros fines.
