Gerardo Díaz Valles
Rosarito.- Uno de los problemas que más afectan a los rosaritenses es la gran cantidad de conflictos legales generados por la venta irregular de predios, incluso promovidos por empresas con historial negativo que literalmente “han engañado a muchas personas”.
Así lo manifestó la alcaldesa Mirna Rincón Vargas, al anunciar el próximo inicio de un plan integral dentro de su gobierno con el que se buscará evitar que este problema crezca y que incluso se siente un precedente para impedir que estas empresas operen libremente en Rosarito.
“Hay empresas que han lucrado con la necesidad de muchas familias y han robado su dinero, por lo que buscaremos que se retiren del mercado y de nuestro municipio” adelantó al reunirse con vecinos de varios puntos de Rosarito.
Tal situación dijo, genera largos conflictos legales, pleitos entre vecinos y hasta la confrontación entre los supuestos propietarios de un predio del cual aparecen varios dueños, un añejo problema en Rosarito que su gobierno habrá de atender de manera frontal, apuntó.
Apenas esta semana, el VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito inició cursos de capacitación a la comunidad para asesorarla en cómo salvaguardar su patrimonio a través del Departamento de Acciones de Urbanización.
El Jefe del Departamento, Marco Aurelio Castañeda García, informó que actualmente se atienden en promedio a 200 ciudadanos por mes, quienes se acercan a solicitar apoyo en materia, entre los que también se encuentran profesionales inmobiliarios que buscan realizar proyectos en el municipio.
“Estamos dando seguimiento a las instrucciones de nuestra Presidenta Mirna Rincón, pues es objetivo de esta Administración es que las y los futuros arrendadores de algún inmueble en Playas de Rosarito, tengan certeza jurídica al momento de invertir en una propiedad, evitando ser víctimas de fraude”, indicó Castañeda García.
De la misma forma, invitó a desarrolladores inmobiliarios, a regularizar sus trámites y eviten los requerimientos o multas con sanciones que oscilan entre los 100 y los 500 salarios mínimos (UMAS), o inclusive la clausura correspondiente, esto a fin de evitar la venta irregular de terrenos en fraccionamientos que no cumplan con la normatividad vigente en materia y que perjudican directamente a la ciudadanía.