* Deberánjustificar los gastos ejercidos durante 2013 en las escuelas a su cargo
TIJUANA BC 4 DE NOVIEMBRE DE 2013.- Directivos de los 988 planteles de educación básica de Tijuana, llevan a cabo la comprobación parcial del recurso denominado “Beca Progreso”, a fin de transparentar el origen y destino de los recursos que reciben y con esto coadyuvar en el mejoramiento de la calidad educativa.
El procedimiento que debe seguir cada directivo consiste en presentar el reporte final antes del 20 de diciembre con la comprobación de gastos ejercidos durante el 2013, en facturas con fecha límite del 30 de noviembre para que les sean validadas por la coordinación municipal de Beca Progreso.
El Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo, conocido como “Beca progreso” es un proyecto de apoyo para escuelas públicas que tiene como objetivo generar las condiciones que permitan que los centros educativos cuenten en tiempo y forma con los recursos necesarios para su desempeño.
El importe para cada plantel educativo depende de su matrícula (corresponden 420 pesos por alumno) o en base a la tabla de equidad, y se entrega dividido en 3 aportaciones durante un año natural, es decirel 25% en febrero, 35% en abril y el 40% restante en agosto.
Dicho recurso se destina exclusivamente a los rubros denominados “mantenimiento” y “financiero” y puede ser invertido en material didáctico, papelería, artículos deportivos, artículos de limpieza, servicios de las escuelas,productos de limpieza, agua potable, material didáctico y material de mantenimiento.
Los Consejos Escolares de Participación Social, integrados por docentes, comunidad y Asociación de Padres de Familia (APF),de las 988 escuelas públicas de nivel preescolar, primaria y secundaria de Tijuana son los encargados de distribuirel recurso según las necesidades propias de cada plantel.
Cabe destacar que la “Beca Progreso” fue implementada por la pasada administración de Gobierno del Estado, a fin de eliminar completamente las cuotas escolares, mismas que los padres de familia se veían obligados a pagar por cada hijo que estuviera inscrito en algún plantel de educación básica.