• La solicitud de ratificación fue presentada por la Gobernadora del Estado Marina del Pilar Avila Olmeda
• La presidenta del Congreso Evelyn Sánchez, toma protesta a la funcionaria
Mexicali, B.C., viernes 20 de diciembre de 2024.- Las y los legisladores locales aprobaron la solicitud de ratificación del nombramiento de María Gabriela Monge Pérez como titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, enviada por la Gobernadora Constitucional del Estado, Marina del Pilar Avila Olmeda.
El 18 de diciembre de 2024, la titular del ejecutivo presentó oficio dirigido a la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Evelyn Sánchez Sánchez, en el que sometió a consideración del H. Congreso el nombramiento de Monge Pérez para su ratificación, en cumplimiento con el artículo 49, fracción X de la Constitución Política del Estado.
La solicitud se dio tras la renuncia de Rosina del Villar Casas, quien ocupaba el cargo hasta el 8 de noviembre de 2024, lo que dejó vacante el puesto y motivó la propuesta de la Gobernadora para asegurar la continuidad de las funciones en esta área clave de la administración estatal.
Con base en la Constitución Local, el nombramiento de la persona titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, debe ser ratificado por el Congreso del Estado, con lo cual se garantiza la participación del poder legislativo en decisiones de relevancia para la administración pública estatal.
El objetivo de la propuesta es mantener la organización y coordinación en la evaluación de la gestión gubernamental, así como en la vigilancia del funcionamiento de las dependencias y entidades paraestatales, elementos fundamentales para asegurar la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos.
Con la ratificación del nombramiento de María Gabriela Monge Pérez, se da un paso importante en la consolidación de un gobierno transparente y eficiente, siendo la labor de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública clave para continuar impulsando la rendición de cuentas y garantizar que los recursos públicos sean manejados de manera responsable, lo que refuerza el compromiso del Gobierno del Estado con el bienestar de la ciudadanía.