CIUDAD DE MÉXICO 29 DE NOVIEMBRE DE 2016.- Durante la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal la Vicecoordinadora de Proceso Legislativo del PAN en San Lázaro, Eloísa Talavera Hernández, cuestionó las formas y las decisiones del gobierno federal para favorecer a uno de los dos consorcios que participaron en el proceso de licitación de la Red Compartida, luego de un retraso de más de dos años conforme al mandato constitucional.
La también integrante de la comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, refirió que durante las distintas etapas del proceso licitatorio, la SCT tomó la decisión de postergar en dos ocasiones los plazos previamente establecidos argumentando que la guiaba el principio de máxima concurrencia. Sin embargo, indicó, no hay claridad en cuanto a la información sobre cuál de los consorcios específicamente solicitó la ampliación de plazos.
Talavera Hernández señaló que a su criterio, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha equivocado el camino tratando de justificar su decisión en la licitación de la Red Compartida basándose más en la Ley de Adquisiciones que la Ley de Asociaciones Público Privadas, que es la que aplica en este proyecto de licitación, porque contiene manifestaciones expresas que invitan a los funcionarios a hacer todo lo que esté en sus manos por privilegiar las propuestas técnicas y los proyectos por encima de formalismos.
Uno de estos formalismos precisamente fue la determinación de la SCT para descartar a uno de los dos consorcios participantes en la licitación de la Red Compartida, porque presentó de manera extemporánea la “Garantía de Seriedad”.
La legisladora señaló como cuestionable que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tomara la decisión de no apercibir a las partes y no permitir solventar un requisito formal pero salvable como es la presentación extemporánea de la garantía de seriedad, en aras de proteger la máxima concurrencia, como la misma Secretaría había hecho en etapas previas.
Talavera Hernández expuso que el consorcio ganador Altan, presentó una propuesta de cobertura de 92% es decir, el proyecto más importante el Telecomunicaciones dejará fuera a 10 millones de mexicanos que con ello verán prácticamente anulada cualquier posibilidad de acceso personal y de capacidad a Banda Ancha.
Lo más triste del caso, señaló, es que ni siquiera sabemos qué ofrecía el segundo consorcio porque “alguien” tomó la decisión de descalificarlo antes de conocer su propuesta.
Finalmente, la diputada anunció que solicitará a la SCT una explicación sobre los planes para cumplir el mandato constitucional y poder ofrecer banda ancha de calidad a más de 10 millones de mexicanos, los de menos recursos y más desfavorecidos del país.