La solución se encuentra en una adecuada fiscalización y regularización del esquema, en lugar de erradicarlo.
Ante la propuesta de reforma del gobierno federal que contempla la eliminación del esquema de outsourcing o subcontratación, la Asociación de Recursos Humanos de la Industria de Tijuana (Arhitac) avizora consecuencias negativas.
Heriberto Galindo Aguirre, presidente de la asociación, indicó si se quitan de manera tajante las empresas de subcontratación, sería dejar sin empleo a 4.6 millones de personas que se encuentran bajo ese esquema.
“Cuántos de estos empleados tendrán que pasar a la economía informal donde hasta ahora se encuentra el 56% de la actividad económica, la cual no tiene tampoco prestaciones de ley y no tienen algo tan valioso en esta época como la seguridad social”, sentenció.
Así también, se registraría una menor recaudación que afectará a todos, dijo, ya que se cargaría aún más esta responsabilidad a los mismos contribuyentes cautivos, generando mayor desigualdad en el país.
“También afectará a empresas en los diferentes sectores, incluyendo a las áreas de gobierno que usan este tipo de esquemas de subcontratación temporal y que perderán flexibilidad para adquirir personal con conocimientos certificados para sus procesos o necesidades especiales”, afirmó Galindo Aguirre.
El presidente de la Arhitac dijo estar en total acuerdo de que la subcontratación irregular, aquella que no cumple con la ley vigente y priva a los trabajadores de sus derechos, debe erradicarse, y esto se puede hacer con sistemas de fiscalización y regulación que deriven de una ley clara.
Aseguró que podría anexarse a las regulaciones una fianza que pueda dar certidumbre a las empresas y empleados, la cual cubra cantidades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones patronales, además de lo que ya existe como la opinión positiva del SAT y del IMSS.
“Invito a nuestras autoridades a que se hagan iniciativas de ley que nos permitan estar en competitividad con otros países en materia laboral y expresamos nuestro compromiso como representantes de recursos humanos de llevar a cabo las acciones de ley que aseguren los derechos de los trabajadores”, señaló.
Por último, Heriberto Galindo mencionó que si bien Baja California es uno de los estados que puntean la recuperación económica actualmente, en Tijuana aún no se han logrado cubrir las más de 24,000 vacantes operativas que requiere la industria.