TIJUANA BC 5 DE FEBRERO DE 2021.- Para fortalecer la estrategia del combate a la corrupción, el fomento a la transparencia y la rendición de cuentas, la Secretaría de Honestidad y la Función Pública de Baja California (SHFP), signó acuerdos de colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la Fiscalía General del Estado (FGE).
En este sentido, la titular de la SHFP, Vicenta Espinosa Martínez, manifestó que para esta administración estatal es importante fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos, que impacte en una mejor atención ciudadana.
Sobre el convenio establecido con la CEDHBC, explicó que tiene como objetivo, desarrollar y poner en práctica actividades que vinculen el promover e impulsar la protección a los derechos humanos, a través de la impartición de cursos e intercambio de experiencias e información institucional que resulte útil para ambas partes.
“Este instrumento es indispensable y nos va a dar la visión institucional de la administración que encabeza nuestro gobernador Jaime Bonilla Valdez, cercano a la ciudadanía y preocupado por el bienestar”, dijo la titular de Honestidad.
Con respecto al convenio con la UABC, subrayó que tiene el propósito de mantener un acercamiento continuo e intercambio de sistemas de información para el desarrollo de mejores prácticas que agilicen y fortalezcan los procesos de control interno.
Espinosa Martínez, mencionó que el acuerdo con la FGE está encaminado a colaborar y apoyar en el intercambio de información, asesoría y capacitación para agilizar la investigación de carpetas administrativas por delitos patrimoniales, sin tanta burocracia.
Al respecto, puntualizó que se busca combatir la corrupción y la impunidad, la arbitrariedad y el abuso de poder, así como promover la mejora de la gestión pública, involucrando a la sociedad y el sector privado.
Finalmente, agregó que se buscan acortar los procedimientos que anteriormente se realizaban de manera burocrática, intercambiando información con la FGE en caso de que un funcionario cometa algún delito.