En virtud de que los delitos ocurridos en ciertas zonas de Mexicali, son reportados como si sucedieran dentro del territorio del municipio de San Felipe; lo cual repercute en las estadísticas delictivas en perjuicio de un municipio donde no se cometieron, el diputado Juan Manuel Molina García, presentó un atento exhorto dirigido a la Titular de la Fiscalía General del Estado y al Secretario de Seguridad Ciudadana.
“Es necesario respetar la delimitación territorial de los municipios de Mexicali, San Felipe, Ensenada y San Quintín al elaborar los informes sobre los hechos delictivos y las estadísticas, asegurando que se especifique con precisión el municipio en el que ocurrieron los incidentes”, resaltó el inicialista.
Con fecha 19 de mayo de 2021, la XXIII Legislatura Constitucional a través del Decreto Número 246 reformó la Ley de Régimen Municipal del Estado de Baja California donde aprobó la creación del Municipio de San Felipe.
Mientras que el Estatuto Territorial de los Municipios del Estado, define claramente las colindancias y extensión territorial entre las demarcaciones de Mexicali y San Felipe precisando su espacio territorial, medidas, así como las comunidades establecidas dentro de cada espacio municipal y; por ende, no debe existir confusión o error respecto a su demarcación geográfica.
A pesar de lo mencionado, las autoridades responsables de asegurar la protección ciudadana y la investigación de delitos, como la Fiscalía General del Estado de Baja California y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no cumplen plenamente con el Decreto Número 246 y el Estatuto Territorial debido a problemas administrativos u operativos.
Lo anterior tiene como resultado que en medios de comunicación o en redes sociales se incremente el número de hechos delictivos a los que realmente suceden en el Puerto de San Felipe.
Molina García refirió que esta situación también afecta a quienes desean visitar San Felipe para vacacionar o a empresarios interesados en invertir en el área, ya que este sentimiento de inseguridad se traduce en pérdidas económicas para la administración local y para los ciudadanos que poseen comercios, empleos, negocios pesqueros o servicios turísticos, entre otros.