Expediente Político
Por: Alfredo Calva
Los diferentes grupos de ciudadanos que se han formado para protestar en contra los gobiernos federal, estatal y municipal, por los incrementos a los energéticos, impuestos estatales y locales, así como los daños colaterales de la ya abrogada Ley del Agua, coinciden en no permitir el inicio de la construcción de la planta desalinizadora, hasta que las autoridades responsables del proyecto transparente todo el proceso de adjudicación y pago del mismo.
En este sentido, hay que recordar que para realizar este tipo de obras en las que su financiamiento en su mayoría es con dinero privado, se género en el estado, armonizando con el ordenamiento federal, la Ley de Asociaciones Público Privadas, conocida con el acrónimo de APPs.
De acuerdo a lo poco que la autoridad ha permitido conocer, se sabe que la planta en mención, que forma parte de un paquete de once obras, que se pretende construir en el quinto municipio, será la de mayor infraestructura y capacidad en América Latina, que dotará de agua potable a los municipios de Rosarito, Tijuana y Tecate, con un caudal de 2.2 metros cúbicos por segundo en dos etapas, y que su etapa primera estará concluida e iniciara operaciones en el 2019, dotando de este servicio a un millón quinientos mil ciudadanos radicados en la zona metropolitana que integran las tres demarcaciones.
Que la misma, concluirá su segunda fase en el año 2021 y tendrá un costo de 10 mil millones de pesos, que serán pagados por los contribuyentes durante 37 años, a un monto de casi 150 millones de pesos, y será la empresa inglesa Consolidated Water, que maneja Rick Mc Taggart, quien a través del consorcio Aguas de Rosarito, explotarán en un contrato leonino a los contribuyentes, ya que al final del plazo y de acuerdo a la mensualidad establecida los ciudadanos habrán de contribuir con más de 66 mil millones de pesos.
Como esta obra, al igual que las restantes diez programadas, de acuerdo a lo dicho por los funcionarios de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (Sidue), que titula Manuel Guevara, ya se encuentran plasmadas su ejecución, así como el pago obligado de las mismas, en el reglamento de la ley de las APPs, los rosaritenses exigirán que la dependencia estatal les explique de manera transparente y especifica, los procedimientos de licitación, adjudicación, y especialmente, como se estableció el monto económico de pago y la periocidad del mismo.
Es por ello, que los residentes inconformes por la opacidad y nula información que al respecto a tenido la Sidue para con la ciudadanía respecto a la obra, y la desconfianza y resquemor que les genero la Ley del Agua, han acordado no permitir el inicio de los trabajos de la desalinadora, hasta que transparente y expliquen los procedimientos de licitación, adjudicación y, pago y periocidad de la obra, como hasta el momento ha ocurrido en el Valle de Mexicali en donde los ejidatarios no permitieron el arranque de los trabajos del acueducto que dotara de agua a una empresa cervecera y que se construirá bajo el mismo esquema de las APPs.
Y este, es uno de las irregularidades que arrastra la multicitada planta desalinadora rosaritense.
Y mientras tanto….
En el congreso del estado se deshicieron de un pésimo e incapaz elemento que presidió la mesa directiva en su primer periodo legislativo, Raúl Castañeda Pomposo, aunque solo como titular de la mesa, para desgracia de los bajacalifornianos que le pagan su salario, este pomposo ente de la fauna política panista, continuará succionando de la ubre presupuestal legislativa.