José Ángel Inzunza
Las herramientas democráticas del referéndum, plebiscito y revocación de mandato todavía son ninguneados por quienes nos gobiernan, pues basados en que “la mayoría” los eligió, deciden por todos, y no les importa endeudar a la población por muchos años, y hacen negocios a sus muy particulares conveniencias.
Tales son los casos de las luminarias, rentas de camiones recolectores de basura, desalinizadoras, centros de control y mando policial, y muchas otras decisiones que implican erogaciones millonarias del erario municipal y estatal no por uno ni tres años, sino por 15 y hasta 35 años, y es por eso que el malestar social es inevitable; ya el horno no está para bollos (¡y vaya que ya de bolillos van casi 30 años!).
Cabe aclarar que no hay nada en contra de iluminar toda la ciudad, ni en contra de que se busquen los mejores esquemas para la recolección de basura y que los bajacalifornianos contemos con infraestructura muy necesaria como las desalinizadoras y los centros de control y mando policial de primer nivel.
El problema es que se compromete a la población por demasiados años erogando millonarias cantidades de dinero que no se ven justificadas, sino que se antoja a todo, menos a un manejo escrupulosamente honesto de los recursos.
Probablemente sí se sometan a escrupulosas auditorías y exámenes de transparencia, pero hoy por hoy la manera en que se están haciendo todos esos movimientos no inspiran confianza en la población.
Es entonces donde entra el cuestionamiento: ¿tienen derecho todos los que nos gobiernan a decidir por todos los demás? Ellos dicen que sí, pues los eligió “la mayoría”; sin embargo, en términos reales: ¿es verdad que ellos representan a la mayoría? Para no dejarlos en suspenso, va una respuesta categórica: NO representan a la mayoría. Ninguno, ni ninguna fuerza política.
No es denostación, ni una crítica visceral, el sustento de esta afirmación es el siguiente:
De acuerdo a los datos de cómputo electoral de 2016, el diputado con mayor porcentaje de votación fue el panista Andrés de la Rosa Anaya, en el Distrito V, con el 39.0925 % de los que ejercieron efectivamente su voto, lo que quiere decir que un 60.0075 % no estuvo de acuerdo en que él fuera diputado.
Lo mismo es con el Distrito XVII, donde Ignacio García Dworack ganó la elección con el 38.7578 % de los votos efectivamente ejercidos, pero el resto se diluyó entre los candidatos de las otras fuerzas políticas; por lo tanto, se puede decir que el 61.2422% de los que votaron no estuvieron de acuerdo en que él fuera diputado.
Y así nos pudiéramos ir con todos los diputados electos, que por razones de la Ley Electoral tienen su curul en el Congreso del Estado, porque para empezar, no votó (en términos generales) el 67.02 por ciento del listado nominal de electores, pero la validez de la elección se da entre los que efectivamente votaron, y quien tuvo mayoría de ese mínimo de votantes (32.98 por ciento), fue el diputado electo.
Entonces, todos los diputados que presuman que fueron electos por mayoría, fue la mayoría de una minoría que votó. NO representan a la mayoría del pueblo, y ni siquiera de su distrito.
Lo mismo sucede con los alcaldes y el propio gobernador, no hay uno solo de todos los que nos gobiernan que puedan ufanarse de representar a la mayoría del pueblo, eso es una mentira; fueron electos por una mayoría de una minoría, y aún en esa mayoría, contando el universo de los que efectivamente votaron, entre el 60 y el 70 por ciento no estuvieron de acuerdo en darle el poder a quienes nos gobiernan, u ocupan una curul en el congreso.
Habida cuenta entonces de que ninguno de ellos, ni todos juntos y ni siquiera sus partidos como instituciones tampoco representan a la mayoría del pueblo, NO debieran estar decidiendo por todos los tijuanenses o por todos los bajacalifornianos, sino que debieran someter a plebiscitos todos los temas trascendentales, como los que se citan en este artículo.
Solamente de esa manera podrán alegar que hacen lo que hacen o harán lo que tengan que hacer, por voluntad popular; ¡y créanlo! Se evitarán manifestaciones, belicosas o pacíficas, y se evitarán “muros” de la ignominia.
Ya es hora de que se pongan en uso, y en uso cotidiano se pudiera decir, las herramientas de referéndum, plebiscito y revocación de mandato, y solamente de esa manera, quienes nos gobiernan, harán bien las cosas. Por lo tanto, si retardan la aplicación de esas armas democráticas, es porque algo ocultan, y el que nada debe, nada teme.
Hasta ahorita todos los discursos contra la corrupción quedan en eso, solamente en discursos. Utopía es pensar que tendremos gobernantes y diputados honestos, pero cuando el pueblo tenga realmente ese poder, van a hacer mejor las funciones para las que son electos.
Incluso, si el pueblo siente que le toman en cuenta, el abstencionismo será cosa del pasado, o será ridículamente mínimo. ¡Ah! Utopía.
Mientras tanto, no queda más que exigir que se le dé su poder al pueblo, y que ningún diputado, ni alcalde ni gobernador presuma de representar a la mayoría, porque no es así. Cuando necesitemos un estadista, pregúntenos.