Octavio Fabela Ballinas
Tijuana.- Mientras más espacios se abran para la sociedad en el Sistema Estatal Anticurrupción habrá menos lugar para este tipo de actos además de que resultará menos oneroso para el gobierno el poder aterrizarlo de mejor forma consideró el abogado Ricardo Zurita López quien a través del grupo Californix del Colegio de Abogados Constitucionalistas ya envió al Congreso del estado un decálogo de propuestas.
El decálogo que fue enviado a cada uno de los integrantes de la XXII Legislatura, incluye de manera genérica el fomentar desde el sistema educativo las materias de valores, ética, civismo, cultura de la legalidad, e informar a los estudiantes sobre el Sistema Anticorrupción además de algunas propuestas como que los síndicos se elijan separados del resto de la planilla de munícipes.
Las propuestas que se enviaron al Congreso del Estado son:
1.- En el sistema educativo (desde la primaria) fomentar las materias de valores, ética, civismo, cultura de la legalidad, y en específico de los sistemas anticorrupción. En las universidades en sus planes de estudio se implemente e imparta la materia de los sistemas anticorrupción.
2.- Proporcionar en la legislación, en todas las leyes del Sistema Estatal Anticorrupción amplias y expresas facultades legales vinculantes y coercitivas conforme correspondan a todos sus órganos integrantes, especialmente al comité de participación ciudadana, al fiscal anticorrupción, y al magistrado especializado.
3.- aplicar todas y cada una de las recomendaciones que contempla y establece la Convención contra la Corrupción de la ONU
4.- Proporcionar al comité de participación ciudadana, al fiscal anticorrupción, al secretario técnico, y al magistrado especializado plena autonomía para su funcionamiento.
5.- Dotar y proporcionar al sistema estatal anticorrupción del presupuesto y recursos económicos, materiales, humanos, técnicos, etc. indispensables para su eficiente operatividad y funcionamiento.
6.- Que en los procesos de selección y nombramiento de los integrantes del comité de participación ciudadana, del fiscal anticorrupción, del secretario técnico, y del magistrado especializado, se lleven a cabo sin la intervención del gobierno del estado, sin la intervención de partidos políticos, sin la intervención de intereses de grupos que su objetivo no sea en específico el combate a la corrupción, o análogos. Garantizar y transparentar que dichos nombramientos sean auténticamente por y de ciudadanos, acreditados en el combate a la corrupción.
7.- Que entre los requisitos de los nombramientos de los integrantes del comité de participación ciudadana del fiscal anticorrupción, del secretario técnico, del magistrado especializado se contemple que acrediten los conocimientos y méritos profesionales especializadas en la materia del combate contra la corrupción, e indistintamente en las materias de: derecho administrativo, derecho procesal penal, auditorias.
8.- Que el comité de participación ciudadana se integre con el mayor número de espacios (proponemos el número de 11 integrantes), integrado con representantes proporcional de los cinco municipios, plural y heterogéneo con perfiles diversos: abogados, contadores públicos, académicos, empresarios, periodistas, etc. que acrediten haber estado involucrados y participado en el combate contra la corrupción.
9.- Que se establezca el requisito de que los titulares de los órganos del sistema local anticorrupción del estado de Baja California deberán someterse y aprobar los exámenes de control de confianza.
10.- En el ámbito municipal y para garantizar la autonomía en su esencial función de contralores y autoridad competente en materia de responsabilidades de los servidores públicos, realizar las reformas legislativas necesarias para que los candidatos a síndicos procuradores sean electos por separado de la planilla a munícipes y que esta sea sin sujeción a la alternancia de equidad de género con los demás candidatos a munícipes.