La reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandado será la más importante y trascendental para el país que se aprobará en la actual legislatura, ya que tiene que ver con un refrendo a la confianza al Presidente de la República, señaló Javier Castañeda Pomposo, diputado federal del PES.
Se trata de una evaluación de los ciudadanos al desempeño del Presidente de México en turno, de tal forma que si no cumple con las expectativas de la ciudadanía se tendrá que ir al tercer año de su mandato, indicó el legislador federal del distrito 06.
“Que el presidente sepa que no se le da un cheque en blanco por seis años, sino que tiene que cumplir con los compromisos de campaña y trabajar en favor de los ciudadanos.
“Esto evitará muchos problemas de corrupción, malos manejos en el gobierno, tráfico de influencias, entre otras irregularidades”, expresó Castañeda Pomposo.
Apuntó que si en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hubiera existido la revocación de mandato, ninguno de los dos hubiera concluido su sexenio y el país se hubiera ahorrado muchos de los problemas que le heredaron y que lo han sumido al borde de una crisis económica, social y de seguridad.
El pasado 14 de marzo el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular con 329 votos a favor el dictamen que reforma y adiciona los artículos 35, 36, 41, 73, 81, 83, 99, 116 y 122 de la Constitución Política, en materia de consulta popular y revocación de mandato, precisó.
De esta forma se faculta al Instituto Nacional Electoral (INE) para que, en el ámbito de sus atribuciones, participe en los procesos de consulta popular y de revocación de mandato a través de convenios, en la medida de que dichas entidades federativas así se lo soliciten, de igual forma al Congreso federal para que legisle en esta materia de consulta revocatoria y popular.
La revocación del mandato del Presidente de la República se sujetará a lo siguiente: será convocada por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República y el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión.
Finalmente serán los ciudadanos y no las élites gobernantes las que definan si algún servidor público, incluyendo al Presidente de la República, tiene que seguir o no en el ejercicio de su función, lo cual fortalece y alienta a la democracia que exige México, anotó Javier Castañeda.