La propuesta económica que emitió el Ejecutivo nacional resulta insuficiente para poder sostener el aparato productivo en el país, además que pretende continuar con obras que podrían absorber la mayor cantidad de recursos, que bien podrían ser utilizados en el tema de salud.
Así lo consideró el abogado fiscalista Jorge Pickett Corona, quien dijo que dicha propuesta menciona que el Gobierno federal ha comenzado a implementar medidas, anunciando un programa de 25 mil millones de pesos que serán otorgados a pequeños comerciantes afectados por la pandemia, a través de las denominadas Tandas para el Bienestar.
“Ha considerar por el presupuesto expuesto antes de la pandemia mundial, no es suficiente para tal programa de apoyo, siendo que gran porcentaje de pequeños comerciantes podrían caer en quiebra”, indicó.
El gobierno federal también anunció que garantizaría el acceso a servicios médicos y contener la propagación del virus, disponiendo de personal, medicamentos, y pruebas para la detección del virus, así como optimizar la capacidad del actual sistema de salud.
“Por ello, es necesario contar con los recursos suficientes para hacer frente a la crisis, tanto de salud como económica”, subrayó el abogado fiscalista.
Entre las medidas emitidas por el Ejecutivo nacional están el posponer las aportaciones obrero-patronales, donde el objetivo es evitar el cierre de las empresas y, con ello, mantener la planta productiva para que, una vez superada la contingencia sanitaria, facilitar el regreso a sus actividades y la reactivación de la economía.
“Pero con la poca cantidad con la que se pretende apoyar, creo que aun así muchos negocios no podrán superar la crisis, sobre todo si los obligan a seguir contribuyendo a pesar de no estar generando ingresos”, destacó Pickett.
El otorgar préstamos de la banca de desarrollo es otra acción necesaria, pues el gobierno mexicano considera necesario agilizar y flexibilizar los créditos para movilizar recursos contingentes y evitar quiebras de las empresas de todos los tamaños.
“También se considera una devolución acelerada del IVA como medida adicional de contingencia, aunque, como se sabe, la palabra acelerar no garantiza que sea devuelto de inmediato”, apuntó.
Una cuarta medida consiste en agilizar el pago a proveedores del gobierno, donde la autoridad considera indispensable acelerar los procesos de compras públicas, en tanto que se contempla hacer transeferencias monetarias a los trabajadores desempleados.
En este caso, la transferencia monetaria será por una cantidad de 1,500 pesos, de 1 a 3 meses, para los trabajadores no asalariados inscritos en el SAT, y se prevé que este monto se extienda a trabajadores despedidos.
“Por último y lo más resaltable, es el tema del financiamiento, pues no se piensa tomar los recursos del Fondo Monetario Internacional, por lo que los recursos de los fideicomisos con que se cuenta suman 250 mil millones de pesos”, señaló el abogado fiscalista.
