TIJUANA, B.C.-21 de febrero de 2019.- En la búsqueda de la suma de esfuerzos entre el sector educativo y la industria de la región, la Administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a través del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado (CONALEP BC), inició las gestiones para realizar un plan de operaciones que permitirá la creación del Centro de Formación Interinstitucional (CFI) para el Modelo Mexicano de Formación Dual en el Estado de Baja California.
En conferencia de prensa, el Director estatal de Conalep, Enrique Reyes Machado, señaló que la vocación del Conalep es atender las necesidades de la región a través del vínculo que hay con los organismos que vienen a fortalecer la política educativa y reforzar las competencias laborales de los alumnos y maestros.
Por ello se está desarrollando un estudio de factibilidad, con el apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) para la creación de un modelo de negocio de un Centro de Formación Interinstitucional (CFI) que ofrecerá la formación complementaria dentro del Modelo Mexicano de Formación Dual (MMF).
Reyes Machado comentó que para el Conalep de Baja California y para el sector productivo, la presencia de este proyecto será muy productivo pues se tiene un gran interés primordial de seguir capacitando alumnos tanto en el desarrollo de habilidades así como en las destrezas laborales para la llegada de las inversiones de la industria y sobre todo para el crecimiento estratégico de la región. Es por ello que es importante que los alumnos y maestros reciban las complementaciones, las herramientas y los elementos que les permita ser más competente, recalcó.
En la presentación de los inicios de las gestiones del plan operativo del CFI estuvo presente el Consultor de Festo México, Eduardo García García, quien señaló que se realizará un estudio de factibilidad, el cual arrojará sin duda, información para la creación de un Centro de Formación Interinstitucional, el cual complementará la formación del talento humano del Conalep a través de su formación dual y que permitirá la atracción de mayor inversión extranjera que requiere profesionales en el sector de la industria e innovación.
Eduardo García comentó que Baja California es uno de los seis Estados focalizados para el estudio de factibilidad del CFI y que específicamente se contempla a Conalep BC como una institución educativa candidata y apta para este proyecto. La finalidad del estudio es poder asentar los espacios de aprendizaje, equipamiento, personal responsable, procesos y estándares para el fortalecimiento de las estructuras tanto del sector público como privado, teniendo como objetivo asegurar una exitosa implementación de programas de formación dual alineados a los requerimientos del mercado y teniendo un impacto en el desarrollo regional, a la par de la elevación educativa mediante el aprendizaje y su aplicación.
Los CFIs a su vez son entidades que no nada más capacitan al estudiantado Conalep sino también podrán hacerlo a la comunidad en general que requiera insertarse en el mercado laboral y promover el aporte de nuevas vocaciones y desempeñarse en los sectores productivos y de servicio, con intencionalidad explícita de inclusión de género.
En la conferencia de prensa estuvieron presentes el Director del CAST Tijuana, Carlos Ramos Maravel; el Director del Conalep Plantel Tijuana I, Héctor Jacinto Lugo Guevara; el Director del Plantel “Ing. César Moreno Martínez de Escobar” en Tecate, Ricardo Ávila Yocupicio.
Retoma Alcalde inquietudes de organismos civiles por recorte federal
Tijuana BC, a 21 de febrero de 2019.- Al encabezar la 11 Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Organizaciones de la Sociedad Civil (Comosc), el alcalde, Juan Manuel Gastélum, se mostró firme en su compromiso para continuar trabajando de la mano con las organizaciones por el bienestar de todos los tijuanenses a pesar del recorte de recursos por parte de la Federación, y se comprometió a retomar estas inquietudes y defenderlas.
A petición de los miembros de organizaciones civiles el Alcalde señaló que extenderán una invitación a los diputados federales para que expliquen porque se retirará el apoyo a las asociaciones que trabajan con los grupos más vulnerables.
También reiteró que al XXII Ayuntamiento seguirá apoyando a las Estancias Infantiles municipales, porque no es posible que el Gobierno de México retiré este apoyo a las familias que lo necesitan.
“Agradezco el apoyo del gobierno municipal y estatal, como organizaciones de la sociedad civil todos debemos estar unidos para poder hacer frente a esta situación del recorte de presupuesto, recomiendo que para contrarrestar las decisiones de la Federación, si nos unimos podemos lograr muchas cosas”, resaltó el Consejero del Grupo de rubro de Discapacidad, Armando Santos.
“La apertura de las guarderías y el programa de becas en un principio brindó seguridad y apoyo a la economía de las familias, pero no podemos permitir que un programa de austeridad afecte a los más necesitados”, indicó la representante de la asociación civil, Educación que Inspira, Adriana Lorena Almaraz.
Los integrantes del Comosc se reunieron por primera vez con miembros del Consejo Estatal de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social (Cefab), para dar a conocer los trabajos y avances de los rubros que conforman y a su vez impulsar iniciativas que beneficien a los grupos vulnerables de Tijuana.
El presidente municipal reconoció la labor de las asociaciones civiles e invitó a los ciudadanos a ser parte de la administración, aprovechando los servicios y beneficios que ofrece, ya que como lo mencionó es un gobierno de todos y para todos.
Recalcó que pese al recorte presupuestal al subsidio de las estancias infantiles que realizó el Gobierno Federal, las guarderías a cargo del DIF continuarán trabajando, gracias al apoyo de la sociedad civil. Por lo que solicitó continuar las labores para que junto con los tres niveles de gobierno se procure por la prosperidad de Tijuana.
El Secretario de Desarrollo Social del Estado Gobernador del Estado, Alfonso Álvarez Juan, reiteró que la Administración que dirige el Mandatario Francisco Vega de Lamadrid, seguirá trabajando en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil.
Reconoció el trabajo extraordinario que realizan todos los días en la atención de grupos vulnerables, desde niñas, niños, hasta adultos mayores. Por lo que hasta al final de su gestión al frente de la SEDESOE continuará dicha colaboración.
La aplicación profesional de la ley, no admite delitos prefabricados
Aquiles Córdova Morán
La semana pasada dije que lo único realmente nuevo en la actual andanada de ataques en contra del Movimiento Antorchista es que no parece haber preocupación por ocultar la mano presidencial detrás de la misma, sino todo lo contrario. Pero me equivoqué. Hay algo más que también es absolutamente nuevo y exclusivo de la actual campaña: la acusación de huachicoleros, esto es, la acusación de que las gasolinerías propiedad de nuestra organización han lucrado con la venta de combustible robado.
En efecto, cualquiera puede revisar puntualmente el contenido de las injurias, calumnias simples e imputaciones de presuntos delitos que durante cuarenta y cinco años se han dejado caer impunemente sobre nuestras cabezas, y se sorprenderá de no encontrar una sola que nos ligue con los ladrones de combustible. Nunca antes, ni una sola vez, ni siquiera por error, se nos había culpado en este sentido.
Y hay que tomar en cuenta que la “denuncia” de posesión de gasolinerías por parte de Antorcha, tratando de presentar el hecho como un delito en sí mismo o como “prueba” de corrupción y enriquecimiento ilícito de los líderes, en particular de quien esto escribe y de su familia, está muy lejos, ella sí, de ser algo nuevo e inédito. Varias veces antes de ahora, se ha tratado de golpearnos en este flanco.
La omisión de que hablo no es casual, ni puede atribuirse a descuido o a falta de información de los denunciantes. Se debe, sencillamente, a que, sin una premeditada intención o sin una orden precisa de inventarnos el cargo de huachicoleros, resulta muy difícil hacerlo sin ser atrapado en una mentira flagrante y sin hacer el ridículo por la falta absoluta de pruebas al respecto.
Es así porque, como dije la semana pasada y hoy repito por considerarlo necesario, cada estación de servicio que opera con franquicia de PEMEX (y ese es el caso de todas las de Antorcha), está monitoreada por la empresa, en tiempo real y con tecnología digital de punta, las 24 horas del día.
PEMEX sabe, por tanto, en cada momento, cuánto combustible ha entregado a la estación, cuánto ha vendido ésta y qué volumen hay en sus tanques de almacenamiento. Adicionalmente, el responsable del negocio envía un informe diario, completo y detallado, de sus operaciones a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y al Sistema de Administración Tributaria (SAT), ambas instancias facultadas para abrir una investigación en caso de detectar irregularidades. Por tanto, como también ya dije, es materialmente imposible vender un solo litro de combustible que no proceda de PEMEX, sin ser detectado de inmediato.
Una consecuencia de esto (y prueba irrefutable, al mismo tiempo, de la veracidad de lo que digo) es que, como lo saben bien PEMEX, la CRE y el SAT, la PGR (ahora FGR), los medios de información y el propio presidente López Obrador (puesto que así lo han dicho públicamente), la principal ruta de comercialización del huachicol no son las estaciones de servicio (aunque pueda haber alguna excepción), sino la entrega directa a los grandes consumidores (que a mí no me corresponde identificar) y la venta en expendios clandestinos donde se surten consumidores menores poco significativos.
No está de más hacer saber a la opinión pública que las gasolinerías de Antorcha han logrado conservar la preferencia de sus clientes, y en muchos casos registrar un aumento de los mismos, gracias a que comprueban, a través del medidor de su vehículo y del monto de la factura que pagan, que allí sí se despachan litros completos y al precio oficialmente autorizado.
No tengo manera de saber si el estricto control digital que ejerce PEMEX sobre sus estaciones de servicio, así como la información rigurosa que se rinde diariamente a la CRE y al SAT, son del conocimiento del Presidente de la República; pero sí estoy seguro de que lo sabe bien, hasta el último detalle, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, licenciado Santiago Nieto, que es la persona a quien el Presidente encargó investigar a las gasolinerías de Antorcha.
Según una nota de la reportera Nancy Flores, aparecida en el portal de noticias CONTRALINEA.com.mx, el ocho de febrero de este año, Nieto Castillo ordenó congelar las cuentas bancarias de una empresa investigada por su oficina sin estar facultado para ello, lo que la hace decir que “…vuelve a poner en duda sus capacidades profesionales para estar al frente de esta área estratégica”.
Según Nancy, el abogado tiene a su disposición “…tecnología de punta que le permite acceder directamente a todo el sistema financiero; es decir, los especialistas de esa Unidad pueden ver en tiempo real no solo el manejo de cuentas bancarias sino todas las operaciones financieras tanto en el sector privado como público”.
Y más: “Sus oficinas están equipadas con un sistema de control de gestión con el uso y generación de etiquetas con códigos QR, scanners e impresoras de alta capacidad de procesamiento y equipamiento de hardware y software para evidencia digital; así como un esquema de recepción de información para notarios y corrección de vulnerabilidades en el portal «Declaranot»”. No se justifica, pues, el error.
Preocupa (y asusta) tanto poder en manos de una sola persona que, además, puede no estar capacitado, ni intelectual ni emocionalmente, para ejercerlo con honradez, acierto y discreción, como sugiere la reportera Nancy Flores. En el momento de escribir esto, está en su apogeo el escándalo provocado por las acusaciones contra el presidente de la Comisión Reguladora de Energía, señor Guillermo García Alcocer, lanzadas por la Secretaría de la Función Pública y, precisamente, por la UIF de Santiago Nieto.
El golpe pretende ser demoledor: se le acusa de conflicto de intereses, fraude, evasión fiscal, lavado de dinero y envío de recursos a paraísos fiscales. García Alcocer ha salido a los medios a desmentir puntualmente cada cargo, y ha solicitado una audiencia con el Presidente de la República para poner las cosas en claro, según dijo.
Con todo esto, se tiene la impresión de que, al frente de la UIF, tenemos a una verdadera ave de las tempestades con un poder inmenso para hacer y deshacer honras y prestigios de los hombres públicos del país, y que no es posible predecir hasta dónde nos puede llevar con semejante propensión a abusar de su cargo.
Pues bien, si como digo y demuestro, el señor Santiago Nieto no ignora, no puede ignorar la verdad sobre el funcionamiento de las gasolinerías de Antorcha y, a pesar de eso, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se nos investigue y castigue; si sus credenciales de honestidad moral y capacidad intelectual han sido puestas en duda (y no por los antorchistas); si no olvidamos, por fin, que acaba de publicar un libro (“Sin filias ni fobias”) en el cual nos dedica un capítulo que titula “Antorcha Campesina, un problema social”, esto es, acusación, sentencia y castigo (erradicación absoluta del antorchismo), todo en una sola frase, ¿es mucho suponer que su denuncia no pasa de ser una acusación adventicia, un delito prefabricado cuyo éxito o fracaso dependerá de la actitud que asuma la FGR ante tal intento de prostituir la ley y la justicia? Los medios informativos han dicho desde siempre que el actual Fiscal General de la República, doctor Alejandro Gertz Manero, es un profesional muy preparado, conocedor como pocos de las funciones y responsabilidades de su cargo y, por encima de todo, un hombre probo y de conciencia.
Si eso es así (y no tengo ninguna razón para dudarlo), desechará por improcedente, por contener un vicio de origen que la vuelve nula de toda nulidad, la denuncia en nuestra contra presentada por un funcionario prejuiciado e incompetente. No hay materia para la litis; no hay base alguna para sospechar venta de combustible robado en las gasolinerías de Antorcha. PEMEX, la CRE y el SAT tienen los elementos de juicio sobrados para demostrarlo.
Cuando, en el sexenio de Vicente Fox, se acusó penalmente al actual Presidente de la República y, ante sus planes de movilización de masas, la prensa le preguntó que por qué, en vez de eso, no se defendía en los tribunales, él contestó: porque cuando hay consigna política en contra de un acusado, es inútil apelar a la ley; nada se escucha, ningún recurso prospera, toda apelación se frena y no transita.
Yo veo un enorme peligro de que los antorchistas estemos ante una situación como esa, a pesar de lo cual, no dejaremos de defendernos ante los tribunales, incluidos los internacionales si fuera el caso. Pero, siguiendo la enseñanza del ahora Presidente de México, no nos limitaremos a eso; no dejaremos de echar mano de nuestra fuerza de masas para protegernos contra los abusos y para hacernos oír por el país entero. Ya estoy convocando al antorchismo nacional para acordar con él lo conducente.
