El martes 8 de agosto unos guardias de seguridad de la Universidad de Competencias Profesionales (UCP) agredieron a nuestro compañero Ramón Hurtado cuando cubría un hecho policiaco acaecido cerca de dicho lugar; con el pretexto de pedirle ver las fotografías que había tomado, le sujetaron de un brazo para llevarlo a otro lugar, y al resistirse le tomaron del cuello, le tiraron su celular y le arrebataron su cámara fotográfica.
Después de unas horas le regresaron la cámara en las instalaciones del periódico El Sol de Tijuana, donde labora nuestro compañero Ramón Hurtado, pero además de que le borraron algunas fotografías, le estropearon el flash integrado.
Los agentes usaban un uniforme parecido al de policías ministeriales, por eso Ramón Hurtado preguntaba a oficiales estatales si conocían a quienes le habían robado la cámara, y obviamente le dijeron que no los conocían; después, cuando esos guardias de seguridad le devolvieron la cámara, alegaron que el reportero gráfico les aventó en la cara sus identificaciones para demostrar que trabaja en El Sol de Tijuana, lo cual no es cierto, además de que eso no justifica que le hayan agredido.
Por consiguiente, exigimos castigo a los guardias privados, que se supone son regulados por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, tutelados en la Ley de Prestadores de Servicios de Seguridad Privada del Estado, y por supuesto, exigimos trato digno para todos los periodistas, no solamente de parte de guardias de seguridad privada, sino también de parte de los policías de los tres órdenes de gobierno, ya que es muy recurrente el hecho de que agentes de seguridad pública se exceden en sus funciones, atacando a compañeros de los medios de comunicación.
En otro orden de ideas, dado que han pasado ya 10 días del artero crimen cometido contra el compañero periodista Luciano Rivera, en Playas de Rosarito, y no solamente no hay avances en las investigaciones, sino que incluso la Procuraduría General de Justicia insiste en que todo se traduce en un incidente de riña de bar, cuando los testimonios y otras evidencias indican claramente que se trató de un asesinato con todas las agravantes, definitivamente premeditado, y por lo tanto, es obligado que tomen como línea de investigación su labor periodística previa al crimen de que fue víctima.
Por eso exigimos que se llegue al fondo de las investigaciones, se logre la aprehensión de todos los involucrados, sobre todo del autor material, y el autor o autores intelectuales, y se haga justicia.
Es absurdo que la PGJE se enfoque solamente en un chofer de taxi libre que no fue quien disparó, y obviamente fue utilizado como “burro” para transportar a los asesinos desde Tijuana a Playas de Rosarito y de Rosarito a Tijuana.
Ya estamos hartos de la incapacidad para investigar los delitos, y que la Procuraduría siempre trata a los ciudadanos como si fuéramos retrasados mentales que tengamos que creerles sus mentiras y sus pretextos que ocultan corrupción.
Queremos creer todavía en nuestras instituciones, porque lo contrario sería caer en anarquía.
El compañero Luciano Rivera cubría frecuentemente la fuente policiaca, y como ya hemos advertido antes, es muy recurrente el maltrato de policías contra periodistas, incluyéndose amenazas, y el poder que les da la placa, uniforme y armas, les facilita muchas cosas; por eso insistimos en que se tome como línea de investigación la labor periodística de Luciano Rivera, ¡y se haga justicia!
Concluimos entonces en un llamado a todas las autoridades federales, estatales y municipales para que nunca minimicen la importancia de proteger y defender los derechos de los periodistas, pues somos el vehículo de información a la sociedad, la cual merece estar bien informada, para lo cual se requiere facilidades a los comunicadores y transparencia en el actuar de todas nuestras autoridades.
Nuestra sociedad es cada vez más crítica, señores autoridades, no jueguen con la paciencia y la inteligencia de los ciudadanos, entre los cuales estamos incluidos los periodistas, que tampoco nos creemos todas sus mentiras y pretextos.
Exigimos justicia y buen trato. Es lo mínimo que deben hacer.