CIUDAD DE MÉXICO 19 DE ABRIL DE 2016.- Ante el evidente colapso del sistema de salud en México, las principales fuerzas políticas se comprometieron, mediante el Pacto por México, a avanzar en la reorganización de este sector, con el objetivo de concretar la universalización de los servicios de salud, en beneficio, principalmente de los sectores sociales menos favorecidos, recordó la vicecoordinadora de proceso legislativo de su fracción Eloísa Talavera Hernández.
Para ello, dijo, se planteó una reforma integral y de gran calado impulsada por dos principios rectores: la portabilidad de las coberturas de los servicios, para que todos los asegurados puedan ser atendidos en cualquier institución a su alcance; y la convergencia de los sistemas para brindar los servicios de acuerdo a la cobertura que cada institución de origen le brinde al usuario y la calidad de todos los sistemas públicos de salud.
“No obstante, tres años después de la firma del Pacto por México el presidente Enrique Peña Nieto ha sido incapaz de instrumentar una política pública efectiva para avanzar hacia el objetivo de lograr la universalidad de los servicios de salud” advirtió.
Talavera Hernández resaltó que por el contrario, de todos los compromisos del histórico pacto multipartidista, el de alcanzar el servicio de salud universal es el único que carece de una legislación tendiente a generar un modelo que permita la colaboración de todos los sistemas ya existentes para optimizar el uso de infraestructura hospitalaria y de recursos humanos especializados, para brindar mejor servicio a los ciudadanos.
En vez de una reforma de fondo, señaló, el Ejecutivo Federal se limitó a generar la firma de un convenio interinstitucional poco novedoso entre la secretaría de salud y las dependencias encargadas de prestar servicios de salud, en lugar de avanzar en el camino correcto hacia la portabilidad y universalización de los servicios de salud.
En este escenario, manifestó, queda fuera la definición de una política pública que establezca: qué la Secretaría de Estado deberá asumirse como la rectora de la instrumentación de estos objetivos.
Ante esto, la legisladora federal realizará un exhorto a las secretarías de Hacienda y de Salud, para establecer una mesa técnica que trace una estrategia integral, innovadora, real y de impacto nacional, que permita darle paso a un sistema de salud universal en México que sea funcional.
“Aquí nace la pregunta obligada ¿Será la Secretaría de Hacienda? ¿La Secretaría de Salud? ¿O será la institución de seguridad social más importante del país, el IMSS, quien tenga esta encomienda?” cuestionó.
La vicecoordinadora de Proceso Parlamentario de la bancada del PAN sostuvo que el Acuerdo Nacional hacia la Universalización de los Servicios de Salud será insuficiente para cumplir con este objetivo, pues carece de instrumentos fundamentales como un padrón único de asegurados que pueda compartirse entre dependencias, un expediente clínico de asegurados, y los costeos de los servicios a prestar, por mencionar algunos.
Talavera Hernández recordó que en los primeros días de marzo, presentó una iniciativa de reforma a diversas leyes con el propósito de generar las mejores condiciones para que se proporcione atención médica oportuna e idónea, mediante la unificación operativa del Sistema Nacional de Salud, propuesta que se encuentra en análisis en las comisiones unidas de Salud y Seguridad Social.
Entre los beneficios de la iniciativa presentada, dijo, se impone la obligación, a las instituciones de seguridad social más importantes del país (IMSS e ISSSTE), así como al Sistema de Protección Social en Salud, de dar servicio en sus instalaciones a los beneficiarios de los dos institutos y de ese sistema que tengan una emergencia médica o se encuentren imposibilitados por su ubicación geográfica para acudir a un establecimiento de la institución o el sistema del que sea beneficiario.
No obstante, con la primera etapa del decreto anunciado el pasado 7 de abril por el Ejecutivo Federal, dijo la diputada Eloísa Talavera, solamente se ofrece un reducido catálogo de 14 servicios compartidos en tres entidades del país: Baja California Sur, Estado de México y Oaxaca, en donde el éxito está supeditado a las evaluaciones presupuestales en las entidades mencionadas.
Puntualizó que otro de los inconvenientes del Acuerdo Nacional es que no plasma en ninguna Ley los acuerdos de cooperación y coordinación que alcancen la Secretaría de Salud, las instituciones federales de seguridad social y los prestadores de servicios de salud, por lo que corre el riesgo de que estos caigan en el olvido al término de la presente administración.
