Tras los bloqueos que han realizado residentes del poblado Maclovio Rojas, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) de Tijuana exhortó a las autoridades a tomar acción para que no se vulnere el estado de derecho de los ciudadanos.
El Lic. Alejandro Jaramillo Osuna, presidente de Canacintra Tijuana, expresó la preocupación que existe en el sector industrial y la comunidad, en general, por el bloqueo que se registra desde el pasado domingo 19 de mayo en la central de Pemex, ubicada en Playas de Rosarito, la cual abastece de gasolina y diésel a Tijuana, Tecate y Rosarito.
“Estos bloqueos atentan contra los derechos básicos de todos los bajacalifornianos, los derechos a la movilidad que es algo sumamente importante, porque afecta tanto al estudiante como al trabajador, al emprendedor, a las personas que atienden emergencias en la ciudad, y a toda la gente que busca salir adelante todos los días”, comentó.
Y es que desde que se dio el bloqueo al abastecimiento de gasolinas y diésel, más del 35% de las estaciones de servicio de Tijuana y su zona metropolitana tienen faltante, lo que ha provocado consternación en la ciudadanía, y la expectativa de pérdidas económicas hasta por 2 mil millones de pesos diarios, por las afectaciones, de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana.
Al respecto, el líder industrial destacó que el estado de derecho no ha sido gratuito, ya que es algo que cuesta a todos: desde un trabajador que ve una retención en su recibo de nómina, hasta el empresario que paga impuestos.
“Y tenemos como único garante de estos derechos al gobierno, por ello tanto el municipio como el estado y la federación deben valorar los derechos de todos, porque todos son iguales; no por estar en periodo de elecciones, unos derechos cuentan más que otros”, señaló.
En ese sentido, el presidente de Canacintra Tijuana subrayó que el estado de derecho es un interés de todos, por lo que no se deben sentar precedentes de que se puede vulnerar sin consecuencias, con la complacencia de la autoridad.
“Instamos a las autoridades a salvaguardar los derechos de todos, y apelamos a la intercesión de nuestro gobierno estatal, como máxima autoridad gestora ante el gobierno federal, para que se tomen acciones en bien de todos los bajacalifornianos”, finalizó Jaramillo Osuna.