Tijuana, BC., noviembre 28 del 2020.)- “La eliminación de la participación ciudadana e iniciativa privada, dentro de los consejos administrativos de las diferentes Comisiones Estatales de Servicios Públicos en los municipios, es un retroceso en la transparencia y transformación democrática que busca el gobierno”.
Así lo manifestó el diputado local, Gerardo López Montes, en la sesión del pleno del Congreso del Estado, en donde fue aprobada la reforma a la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado de Baja California.
El legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que los diputados son representantes de todos los bajacalifornianos, quienes legislan por lo que es más beneficioso para sus representados, por lo que confía en que sus demás compañeros consulten en sus distritos la conveniencia de eliminar la representación civil en los órganos de gobierno.
Dijo que: “Estas figuras no debe de ser eliminada porque hacen equilibro dentro del consejo, debemos legislar para que el gobierno siga teniendo las posibilidades de escuchar al pueblo”.
Con respecto al argumento que justifica la eliminación de las figura ciudadana y de comerciantes, debido a que no se ha avanzado en brindar un mejor servicio, es poner en duda el manejo de las Comisiones, ya que el gobierno enaltece la honestidad y la participación plural de todos los organismos, para el correcto manejo y la transparencia de los mismos.
“Entre todos los ciudadanos debemos tener la oportunidad de descubrir las injusticias, y ayudar a los más necesitados, constatar de las auditorias y de las acciones contundentes que evitaran el robo de más agua en la entidad.
López Montes, también dio a conocer que la reforma de la Ley en comento, propone excluir del Consejo al Titular del Ejecutivo del Estado, y en su lugar colocar como presidente del mismo, al Secretario para el Manejo, Saneamiento y Proyección del Agua, así como incluir al Secretario de Economía Sustentable y Turismo.
También se eliminan las causales de remoción de los consejeros al no tener conflictos de interés al celebrar contratos vigentes con la Comisión o desempeñar puestos administrativos, ser socio o tener comunidad de intereses con personas que contraten con la Comisión o realicen gestiones ante la misma.