Diputado Jorge Eugenio Núñez presentó iniciativas de reforma en materia ambiental

Mexicali, B. C., sábado 13 de enero de 2018.-El diputado Jorge Eugenio Núñez Lozano (PBC), presentó este día iniciativas de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (Lfafe), así como a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Loapf), con el propósito de modificar diversos ordenamientos locales, a fin de contribuir de manera efectiva a la prevención y conservación de los ecosistemas locales.

Durante su exposición de motivos el legislador pebecista explicó que adicionalmente la presente proposición pretende generar políticas públicas que respondan eficazmente a problemáticas, emergencias y contingencias ambientales como las que se viven constantemente y se incrementan en fechas decembrinas y principios de año.

Agregó:”durante todo el año podemos observar claras señales de la contaminación al entorno, que se manifiestan de diversas formas y ponen en grave y serio problema el equilibrio ecológico y la salud de los bajacalifornianos”; Añadió que en fechas recientes el sistema de monitoreo atmosférico ha presentado fallas en situaciones relevantes para el desarrollo de la vida pública de los ciudadanos que habitan en el municipio de Mexicali.

El congresista puntualizó que es imperante la necesidad de fortalecer mecanismos jurídicos que den certeza al funcionamiento de los dispositivos y asegure por parte de quienes son responsables, un adecuado manejo de la información, clara, oportuna, y transparente. Esto, argumentó, con el fin de conducir las acciones necesarias para evitar aún más las afectaciones que viven los pobladores del área metropolitana y su valle.

En el caso de la Lfafe, precisó que deberá requerir la opinión favorable de los órganos municipales responsables de la protección al medio ambiente, así como de los órganos estatales encargados de la Protección Civil y protección del medio al Ambiente, donde se pretenda desarrollar dicha actividad

De igual forma detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá negar, suspender o cancelar los permisos, cuando las actividades amparadas por estos entrañen peligro para el equilibrio ambiental, la seguridad y salud de las personas, instalaciones, o puedan alterar la tranquilidad o el orden público de las Entidades Federativas, por lo que no podrá expedir dicho permiso si la Entidad o las autoridades locales responsables en materia ambiental y de salud pública no emiten las opiniones favorables respectivas.

Por otra parte, para el caso de la Loapf, refiere que para la expedición de licencias para la fabricación, almacenamiento o venta de artificios o explosivos, la Sedena deberá requerir opinión favorable de las entidades o municipios donde se pretenda llevar a cabo dicha actividad, priorizando la seguridad, salud pública y el equilibrio ecológico en cualquier circunstancia.

REFORMA EN MATERIA DE ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL

El diputado Núñez Lozano citó que en la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos, las autoridades deberán velar siempre por la interpretación más favorable a la salud y medio ambiente de la población del Estado y sancionar todo acto que afecte el equilibrio ecológico.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Y Comercio Binacional mencionó que las autoridades encargadas de emitir dicha autorización, deberán impedir todo tipo de quema a cielo abierto cuando se registren altos índices de contaminación atmosférica, o alguna autoridad competente declare situación de contingencia ambiental.

El legislador integrante de la Vigésima Segunda Legislatura reiteró que es responsabilidad de la Secretaría y las autoridades municipales de la materia, garantizar el correcto funcionamiento de las unidades de monitoreo de la calidad de aire, teniendo la obligación de publicar los resultados que arrojen diariamente y señalar inmediatamente cualquier imperfecto en su funcionamiento, y denunciar cualquier acto irregular que atente contra la debida operatividad de dichos instrumentos de medición.

Finalmente pronunció que desde antes del año 2013, se cuenta con la figura de Procurador de Protección Ambiental en la entidad, pero hasta la fecha no se ha definido al titular.

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