La diputada Irma Juan Carlos (Morena) destacó que hoy es un día histórico porque se reconocerá en la Constitución los derechos inalienables de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y se reafirmará que la grandeza de México está en la diversidad de los pueblos y culturas que lo conforman. Refirió que es una reforma integral que devolverá la dignidad a la patria y pondrá la Carta Magna a la altura de las exigencias de nuestros pueblos. “Nunca más un Estado que nos mire como menores de edad”.
Dijo que como mujer indígena celebra este momento porque está convencida de que sentirán orgullo por el resto de los días; además, porque nuestros descendientes recordarán este momento al que llegamos pacíficamente con la razón de nuestro lado y con las armas de la palabra, el diálogo, el consenso y la construcción de acuerdos. “El dictamen sienta las bases para un nuevo trato de gobierno a gobierno. No más leyes elaboradas desde el escritorio sin tomar en cuenta la voluntad de pueblo”.
Pueblos indígenas y afromexicanos, grupo de atención prioritaria
Por el PAN, el diputado Asael Hernández Cerón consideró a los pueblos indígenas y afromexicanos como un grupo de atención prioritaria, con respeto a su dignidad y su esencia, que conserven y promuevan su lengua, su cultura, la medicina tradicional y, sobre todo, que se respete y protejan sus derechos humanos. Pese a los avances en el dictamen, hay aspectos preocupantes como la garantía de acceso a la justicia, de que las personas pertenecientes a los pueblos indígenas deben ser asistidas por intérpretes, defensoras y peritas especializadas, además del tema presupuestal.
También del PAN, la diputada Genoveva Huerta Villegas manifestó su solidaridad con las y los indígenas que han tenido que desplazarse por el crimen organizado e indicó que en el país impera discriminación, abuso e indiferencias a los pueblos originarios, situación que hace urgente un esfuerzo para transformar esa realidad. Llamó a abandonar la visión tutelar y clientelar hacia las y los hermanos indígenas, cuando lo que esperan es respeto. “Celebramos esta reforma, es un avance, pero hay omisiones; debe haber un esfuerzo integral para reformar leyes que impacten directamente en su calidad de vida y garantizar mayores recursos”.
Necesario, reconocer a los pueblos y comunidades indígenas
Del PVEM, la diputada Fatima Almendra Cruz Peláez dijo que la iniciativa refleja la convicción de reparar la injusticia por la que han pasado estas comunidades y asegurar que tengan el reconocimiento y el apoyo que merecen. “Uno de los elementos más significativos de este dictamen es el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas como sujetos de derecho público, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio”.
Por el mismo grupo parlamentario, el diputado Ivan Marin Rangel indicó que el dictamen hace referencia a que en este sexenio se destinaron montos presupuestarios históricos para la atención de los pueblos indígenas y afromexicanos. “Para la cuarta transformación las comunidades indígenas han sido una prioridad, pero se debe seguir trabajando para que sean más visibles, tengan acceso a mejores condiciones de vida y sean protagonistas del desarrollo nacional”.
También del PVEM, la diputada Ana María Lomelí Robles señaló que, de las 68 lenguas indígenas habladas en México, 23 corren el riesgo de desaparecer, lo cual es un legado en peligro de extinción, un golpe directo a su identidad, por lo que urgen acciones concretas. “En el actual gobierno se instrumentaron 17 planes de justicia, con el objetivo de terminar con el exterminio, la discriminación y el racismo”.
Es una reforma necesaria e impostergable
Por el PT, el diputado José Alejando López Sánchez aseguró que con la reforma se cambia el curso de la historia de pobreza, marginación, clasismo y racismo de este grupo de la población, por lo que es necesaria e impostergable para que nunca más haya un México sin sus pueblos indígenas, pues entre otras modificaciones eleva a rango constitucional la entrega directa de recursos, así como la capacidad de las autoridades para administrar y resolver sus necesidades más apremiantes.
Del mismo grupo parlamentario, el diputado Carlos Morales Rodríguez puntualizó que los pueblos originarios tienen su propia identidad, cultura, religión y lengua, pero no los mismos derechos que el resto de los ciudadanos; por ello, “estos deben ser prioridad, pero requieren de una verdadera voluntad política, recursos específicos y una coordinación entre instituciones y órdenes de gobierno. Hemos avanzado, pero existe una deuda histórica”.
Diana Castillo Gabino, diputada del PT, aseguró que con este cambio los pueblos indígenas dejan de ser grupos aislados y solo temas de libros de historia, ya que se da un paso hacia un México más justo, igualitario y digno, que cumple con los Acuerdos de San Andrés Larráinzar que durante décadas fueron ignorados. “Se les da el poder real de gestionar sus tierras, de ser consultados en las decisiones que les afectan, de proteger su patrimonio cultural, lingüístico, y asegura que mujeres, niñas y niños indígenas tengan una protección especial”.
Se hace parte de la construcción del país a los pueblos originarios
La diputada del PRI, Leticia Barrera Maldonado, señaló que la reforma constitucional hace parte a los pueblos originarios de la construcción de los modelos y cambios legislativos o administrativos que puedan impactar su vida al señalar como obligatorias las consultas libres, previas e informadas, así como llevar a la Constitución Política el derecho a la alimentación, vivienda, educación, tecnología, telecomunicaciones, empleos y proyectos que fomenten su desarrollo.
Esas adecuaciones, destacó, permiten el reconocimiento de las comunidades indígenas migrantes y jornaleras agrícolas, el respeto a la diversidad y la preservación de la identidad. Llama a las autoridades federales, estatales y municipales a fortalecer la economía de los pueblos y comunidades originarias y a tomar medidas para eliminar la discriminación, el racismo, la exclusión, y ordena asignaciones presupuestales justas. Pidió que se lleve la legislación al máximo respeto de las mujeres, infancias y derechos humanos que permitan un México más justo, donde un apoyo social no sea lo único que haga el gobierno por ellos.
Es tiempo de hacer justicia a los pueblos indígenas
De MC, la diputada María de Fátima García León dijo que es tiempo de hacerle justicia a pueblos y comunidades indígenas y atender el justo reclamo de sus organizaciones, por lo que expresó su apoyo a la reforma para que este sector de la población sea reconocido como sujeto de derecho público. “Se deben dar pasos adicionales para cerrar la brecha de desigualdad e injusticia que viven; por ello, se presentarán las reservas necesarias para incluir el derecho al territorio y a los bienes naturales de estas comunidades”.
Por su parte, el diputado Gildardo Pérez Gabino, también de MC, consideró que la reforma para que los pueblos indígenas y afromexicanos sean sujetos de derecho es imposible en las condiciones actuales de la nación, debido a los desplazamientos. “No se puede hablar de derechos cuando no hay condiciones en el país por la violencia que amenaza”. Externó que acompañará esta modificación a la Constitución, pero no se deben poner prefijos y “complejos racistas, clasistas” para querer diferenciar “solo por ser hombre de color”.