Con el objeto de que los ayuntamientos del estado, puedan establecer fondos específicos a efectos de fomentar su política económica y fortalecer la hacienda pública municipal para promover programas públicos destinados al bienestar de la comunidad, la Diputada Julia Andrea González Quiroz, presentó una reforma a la Ley de Hacienda Pública Municipal Estatal.
La presente iniciativa permite a los Ayuntamientos, encaminar los esfuerzos gubernamentales al aprovechamiento de los espacios de oportunidad que la ley le brinde, para fortalecer sus finanzas, y con ello su capacidad de respuesta a las crecientes demandas sociales.
En razón de lo anterior, la adecuación del marco jurídico tributario del ámbito local, adquiere relevancia para avanzar hacia un fortalecimiento basado en unas finanzas municipales más sólidas, de acuerdo con las vocaciones productivas locales.
La presente iniciativa plantea que el esquema fiscal propuesto, al igual que en el resto del país, se constituya como un mecanismo viable para que, de forma automática y permanente, genere cada vez más recursos del ámbito local, como medio para el apuntalamiento de la actividad económica, la distribución primaria del ingreso, y la generación del empleo en Baja California.
Según expuso la congresista, las adecuaciones al marco jurídico local permitirían, en primera instancia que, mediante la incorporación del artículo 81 BIS de la Ley de Hacienda local, que los municipios de Baja California tengan la posibilidad de reconocer como una legítima fuente de financiamiento, los Fondos Distintos a las Aportaciones, en concordancia con las disposiciones del CONAC.
Y, ello abre la posibilidad para que los Ayuntamientos definan en sus respectivas Leyes de Ingresos, legislación de carácter temporal dada su naturaleza anual, fondos específicos (vocacionales) a efectos de fomentar su política económica, fortalecer la hacienda pública municipal, y generar recursos extraordinarios destinados a programas de bienestar comunitario.
Considerando lo anterior, la reforma propuesta, tiene el objetivo concreto de actualizar la normatividad hacendaria, adecuándola con las nuevas realidades que, en materia fiscal, en específico, aquellas establecidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental y a las emitidas, en consecuencia, por el Consejo Nacional de Armonización Contable.