MEXICALI BC 22 DE AGOSTO DE 2017.- Debido al notable incremento de violencia familiar, la diputada Alfa Peñaloza Valdez presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, a efecto de aumentar hasta en una mitad la penalidad establecida para sancionar a quien ejerza violencia física o moral en contra del menor de dieciocho años de edad, adulto mayor o persona con alguna discapacidad.
La intención de esta iniciativa es que, a través de la posibilidad de una sanción más severa, se erradique este tipo de violencia que tanto afecta a sector de la sociedad, aseveró la diputada, quien preside la Comisión de Grupos Vulnerables de la Vigésima Segunda Legislatura del Estado.
La propuesta, que fue presentada por la legisladora ante la oficialía de partes del Poder Legislativo, comprende la reforma del artículo 242 bis del citado código y además del aumento de penalidad plantea que, de acuerdo a la gravedad de la conducta del enjuiciado, a juicio del juzgador se le condenará a la suspensión o pérdida del ejercicio de la patria potestad, tutela o guarda y cuidado,
En base a un cuadro comparativo realizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la violencia se ha incrementado en forma alarmante de 2013 a la fecha, pues en el caso de niños de 1 a 11 años aumentó de 95 a 321 casos; en adolescentes de 12 a 14 años, de 47 a 110 casos y en adultos mayores de 65 años, de 46 a 178.
Estas cifras –enfatizó la legisladora- indican que no bastan las sanciones establecidas, por lo que se debe actuar con mayor rigor a efecto de frenar esta violencia en contra de las personas que no pueden defenderse por sí mismas.
La diputada de extracción panista expuso que, dde acuerdo al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la violencia familiar nace del ejercicio desigual de las relaciones de poder que surgen en el núcleo familiar, y que se ejecuta cíclica o sistemáticamente por un miembro de la familia, viva o no dentro del mismo domicilio, contra otro que lo agreden física o psicológica, sexual y/o verbalmente, con el fin de controlar, someter o dominar al receptor de la violencia, sin que para su existencia sea prueba la presencia de lesiones.
Por su parte, añadió, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido a la violencia como el “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”, razón por lo cual, desde la 49ª Reunión Mundial de la Salud, celebrada en mayo de 1996, la violencia fue declarada como un asunto de salud pública, mencionó la diputada inicialista.
Añadió que cuando esta violencia se ejerce en contra de personas con discapacidad, “vemos que los factores que le ponen en riesgo son su incapacidad para realizar actividades básicas, como vestirse, comer o caminar, así como presentar deterioro cognitivo, incluso se pueden ver imposibilitados para pedir auxilio por lo que la violencia familiar puede prolongarse por mucho tiempo y, en muchos casos, agudizarse”.
También destacó que a lo anterior se le puede sumar que, en los casos de discapacidad intelectual, ante un nulo o tardío diagnóstico, se maltrata a un menor bajo el argumento de que no obedece o no entiende, por lo que en su iniciativa se busca que, a través de la posibilidad de una sanción más severa, se erradique este tipo de violencia que tanto afecta a niños, adultos mayores o personas con discapacidad.