Por: Octavio Fabela Ballinas
TIJUANA BC 26 DE AGOSTO DE 2016.- Al menos doce empleados del Poder Judicial de la Federación adscritos al Juzgado Tercero de Procesos Penales y empleados de la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado delegación Tijuana fueron denunciados penalmente ante la Procuraduría General de la República por la venta de incapacidades médicas y la expedición ilegal de acuerdos judiciales.
El presidente de la asociación Proyecto Justicia el abogado Narciso Rey David se presentó ante la dirección de Atención Inmediata de la PGR para denunciar actos de corrupción que van en perjuicio de los justiciables y las víctimas que esperan la reparación del daño así como el que se hace por no presentarse a sus obligaciones devengando un salario con dinero público.
Explicó en entrevista afuera de la sede de la PGR que se ha documentado y se cuenta con testigos de que jueces, secretarios de acuerdos y actuarios del Juzgado Tercero de Procesos Penales han recurrido a la compra de certificados de incapacidad médica sin tener algún padecimiento que lo amerite contando con la complicidad de empleados del Issste y de los líderes sindicales del Consejo de la Judicatura Federal.
Informó Narciso Rey David que la denuncia se presentó en contra de los empleados del Poder Judicial de la Federación de nombres: Yolanda García Ayala, Silvia Lorena Garibaldi Flores, Dennise Cárdenas Jiménez, María Cecilia Ortíz Ramírez, María Guadalupe Pérez Barrera, Elizabeth Samaniego Alonso, Carlos Francisco Portugal Noriega, Claudia Noema Navarro Robles, Miriam Martínez Ugalde, Ángel Balderas, Blanca Cecilia Sánchez Arellano y Manuel Raúl Ochoa Ruelas.
A ellos además de la compra de certificados de incapacidad fraudulentos, los acusa de emitir de manera ilegal resoluciones judiciales como amparos y otros autos que la Ley marca que deben darse dentro del edificio que alberga al juzgado. Por la emisión de documentos legales los empleados denunciados han puesto cuotas que se tazan de mil dólares en adelante.
Por lo que se refiere al tráfico de certificados de incapacidad médica el denunciante aseguró tener pruebas de que por este tipo de documentos hay cuotas que van de los dos mil y hasta los 20 mil pesos y por este motivo se enderezó la querella en contra de la doctora María de los Ángeles González Rentería y los médicos José Luis Anaya Rojas y Juan Ricardo Flores Soto.
De acuerdo con la denuncia los médicos extienden las constancias de incapacidad sin que los beneficiarios acudan a consulta y lo hacen en todos los casos por supuesto “estrés laboral”.