El 18 de marzo del presente, el ayuntamiento notificó a la empresa Han Young que represento legalmente, sobre un acto de ejecución en un predio contiguo a la planta, y al día siguiente, sin mediar nada, ejecutaron ese acto, sin permitirle a la empresa acceder a los recursos que la ley establece para su defensa, violando los derechos constitucionales y generando diversos delitos penales que demandaremos, explicó Armando González Baca.
Iniciaremos un proceso penal en contra del director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, Héctor Villalobos Buelna por abuso de autoridad, colusión de funcionarios públicos, daños y perjuicios y los que se acrediten, ya que al ejecutar esa orden fuera de la ley, han restringido la competitividad y puesto en riesgo empleos e inversiones de mi representada.
Existe una ley de procedimientos administrativos para el gobierno en baja california que no se respetó y eso constituye delitos, por lo que acudiremos hasta las últimas instancias que la Constitución nos permita, para defender lo que nos corresponde, afirmó.
Explicó que el ayuntamiento está tratando de determinar como “calle” una servidumbre de paso que está constituida como tal desde los años 70 en que se formó el parque industrial Fondeport en El Sauzal, en donde claramente se establece que ese espacio está destinado para darle servicio industrial a los dos predios colindantes.
Aclaró que en la administración de Pablo Alejo López Núñez, se pactó con el gobierno municipal comprar la servidumbre de paso, se aprobó en el cabildo, se pagó un anticipo y finalmente concluyó la administración antes de terminar con el procedimiento.
Hoy, dijo, en medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes, en donde se tiene que privilegiar el empleo para favorecer a las familias, en donde se tiene que buscar el beneficio de la mayoría, no los intereses particulares de unos cuantos, Villalobos Buelna, junto con un reducido grupo de personas, pretenden generar conflictos en la zona industrial de El Sauzal, para privilegiar intereses turísticos que no tienen cabida en esa zona.
Agregó que se hará llegar la denuncia a la Sindicatura Municipal, buscando que la ley de servidores públicos para el Estado de Baja California pueda definir la impunidad con la que pretenden atacar a la empresa.
Puntualizó que la servidumbre de paso, no cuenta ni siquiera con las dimensiones mínimas para ser considerada calle, por lo tanto no tiene interés público y puede ser susceptible para la venta a un particular en el mejor interés del ayuntamiento.