Expediente Político
Por: Alfredo Calva
En la entrega del pasado cuatro de este mes, señalábamos lo que viene registrándose en la Dirección de Justicia Municipal del XXI Ayuntamiento de Tijuana, dependencia que se encuentra a cargo de Luis Carlos Ayala, quien en complicidad con su coordinador de jueces calificadores, Alfredo Reynoso, amos bajo la protección de el ex titular de la Consejería Jurídica, Gerardo Herrera, han hecho de esa área del gobierno que preside Jorge Astiazarán Orcí, su coto de poder y de recolección de recursos extraoficiales.
Lo anterior, gracias a que el recién despedido del PRI, Gerardo Herrera, maneja la dependencia como asesor, privilegio que goza por el solo hecho de ser abogado de la familia Astiazaran desde hace años.
A partir de entonces el autor de este espacio a recibido vía correo electrónico, denuncias de ciudadanos extorsionados por jueces calificadores y, de jueces calificadores en los que confirman y aceptan que pagan cuota por “derecho de piso” a sus superiores.
Las denuncias de los ciudadanos son por diferentes infracciones, pero todas guardan una constante, tuvieron que entregar una “mochada” al juez calificador para que les redujera sustancialmente el monto a pagar.
Por lo que respecta a los jueces calificadores y los negocios que al interior de la dependencia se manejan, recordemos que Ayala y Reynoso se escudan en sus cargos para obligar a los jueces calificadores a pagarles cuotas que ellos denominan con descaro “derecho de piso”, a razón de mil pesos por semana, negocio que les ha resultado bastante redituable.
La inmunidad que les han entregado Herrera y el propio Astiazarán, les dio la osadía para ampliar sus horizontes empresariales y poner en marcha el negocio de las multas que se generan en los retenes que se instalan y se aplica el alcoholímetro, así como en los operativos llevados al cabo por la Dirección de Vialidad y Transportes contra la piratería de unidades de este servicio.
La operación en estos rubros es simple, para que complejidades s el punto es sacar recursos extras. Aplican descuentos a las infracciones que se generan en ambos casos que van de acuerdo al estimulo económico que reciben de los infraccionados, en el caso de las de alcoholímetros, estas tienen un valor de 60 salarios mínimos, que en pesos son cuatro mil 380 pesos, y ellos las bajan hasta 20 salarios mínimos, que son mil 460 pesos, previo pago de mil pesos por infracción, con el único fin de poder ayudar al ciudadano con su problema.
De igual forma a lo que refiere las multas impuestas por el personal de vialidad en el combate a la piratería en el transporte, el articulo 269 del reglamento en la materia, establece una sanción de 500 a 700 salarios mínimos, por no contar con documentos para prestar el servicio de transporte publico, que representan la cantidad 51 mil 100 pesos, pero gracias a su benevolencia y sensibilidad social, ellos las califican luego en 5 salarios mínimos, que representan solamente 365 pesos, luego del pago del ciudadano sancionado de 10 mil pesos, por cada una.
La recaudación es sustancial y muy provechosa para la triada formada por estos cínicos funcionarios, que la impunidad con la que actúan es tal, que les permite hacer mofa de la situación y hacen gala de la manipulación que hacen del presidente municipal, Jorge Astiazarán.
Por lo que están seguros que no habrá ninguna acción de carácter punitivo en su contra.
Y mientras tanto….
Hoy sabremos quien se saldrá con la suya, el alcalde Silvano Abarca y el regidor perredista, Max García, el primero con su ampliación al contrato con GEN, y la aprobación para la colocación de parquímetros en la zona turística rosaritense, el segundo, o los ciudadanos afectados por estos dos temas.