TIJUANA BC 17 DE MARZO DE 2014.- El Pacto Fiscal firmado en febrero donde el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se compromete con 8 puntos, se aprecia que tiene una buena intención pero sólo queda en eso, aseguró el abogado Fiscalista, Miguel Ángel Sancén Figueroa.
Mencionó que lo anterior, ya que el supuesto Pacto o Acuerdo Fiscal no es acuerdo, de igual manera no da certidumbre jurídica, ni tiene efectos vinculantes, ni es obligatorio, ni posee mecanismos para hacerlo valer, ni es de competencia exclusiva de quien lo firmó.
“Esto ya que es un ‘compromiso’ el cual al no ser obligatorio no da certidumbre jurídica para el empresario ni al gobernado, porque no podemos perder de vista que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no es la autoridad competente para legislar y crear o derogar impuestos, sino dicha facultad es ‘exclusiva’ al Congreso de la Unión en términos del artículo 73 fracción VII de la Constitución”, subrayó.
Detalló que entre los ocho puntos comprometidos está; no proponer al Congreso cambios en la estructura tributaria hasta el 30 de noviembre de 2018, se reitera la obligación del Gobierno Federal de combatir la evasión fiscal y promover la coordinación entre estados y municipios, para generar una competencia leal entre todos los agentes económicos.
El gobierno federal se compromete a mantener niveles de déficit decrecientes; además de que cada una de las dependencias tendrá que establecer medidas para cumplir con el balance público aprobado por el Congreso.
Sancén Figueroa indicó que en otro punto del Pacto se estipula que únicamente se realizarán ajustes al marco tributario en respuesta a eventos macroeconómicos sustanciales, aquí se señala una puerta de salida, ya que cuando existan eventos macroeconómicos entonces podrán modificar o solicitar un cambio en el régimen fiscal, siendo por demás discrecional o subjetivo cuando se considera un evento macroeconómico.
“Así las cosas, es de concluirse que dicho Acuerdo Fiscal o Pacto, tiene la naturaleza de ser simplemente una ‘carta intención’ pero que no genera certeza jurídica, ni tampoco es obligatorio ni vincula al gobernado y la autoridad ni es exigible, siendo así letra muerta y simplemente un buen pretexto para llevar a cabo una reunión en Palacio Nacional”, apuntó el Abogado Fiscalista.