MEXICALI BC 29 DE AGOSTO DE 2016.- El Pleno del Congreso de Baja California aprobó ordenar la publicación de los decretos 467 y 480 en el Periódico Oficial del Estado (POE). El primero contiene la creación de la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta y Protección al Ciclista; y el segundo, una reforma a la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, la cual establece que la expedición de la Carta de No Antecedentes Penales será gratuita para todos los ciudadanos que la soliciten.
Esta resolución viene de un punto de acuerdo propuesto por el diputado Juan Manuel Molina García en la reciente sesión ordinaria, quien explicó en tribuna que al no haber sido observados por el Poder Ejecutivo dichos decretos en el tiempo establecido por ley, la XXI Legislatura local tiene la facultad para mandarlos publicar en el POE, con fundamento en el inciso A del artículo 34 de la Constitución Política de Baja California, que a la letra dice:
“Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto que no se devuelva con observaciones al Congreso dentro de los mencionados términos. Vencido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo dispondrá de diez días para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente del Congreso ordenará dentro de los quince días siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin que se requiera refrendo”.
El legislador de Movimiento Ciudadano subrayó que no es posible que el decreto 467, que crea la Ley de Fomento para el Uso de la Bicicleta, no haya sido todavía publicado, mismo que fue resultado de una iniciativa ciudadana y mesas de trabajo en los 5 municipios del Estado, y el cual establece derechos y obligaciones tanto de ciclistas como de automovilistas, así como principios de jerarquía de movilidad y la promoción de una cultura de respeto vial hacia los que utilizan este medio de transporte no motorizado.
Por otro lado, Molina García mencionó que con la publicación del decreto 480, mediante el cual se dispone la gratuidad en la expedición de la Carta de No Antecedentes Penales para todos los ciudadanos ─quienes la solicitan generalmente para pedir un empleo─, será en beneficio de todas aquellas personas que no tienen trabajo y, que por lo tanto, tampoco dinero para pagar ese documento que cuesta alrededor de 180 pesos.