Comparece la regidora Mónica Vega ante la PGJE por el caso Trubofin

Octavio Fabela Ballinas
Tijuana.- Como parte de las pruebas del presunto manejo ilícito de los recursos públicos municipales de la denuncia integrada en el Número Único de Caso (NUC) 0204-216-22079, presentada el pasado 21 de junio contra el alcalde Juan Manuel Gastélum y otros funcionarios la regidora Mónica Vega rindió declaración ante la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Luego de comparecer ante el fiscal, la coordinadora de la bancada del Partido Encuentro Social, en entrevista dijo que reiteró la queja que su fracción presentó ante la Sindicatura Procuradora, a la reserva inicial del contrato con Turbofin, a la supuesta declaratoria irregular que detonó en el contrato que consideraron oneroso por el alto costo que implica para el erario tijuanense.
Explicó que aún no hay información clara de cuánto se ha invertido o cuántos camiones están operando pues el alcalde se ha negado a presentar en un solo sitio los 54 camiones recolectores que dice ya están en Tijuana y por los que el XXII Ayuntamiento está pagando una renta mensual de cinco millones de pesos.
De acuerdo con Vega Aguirre contrario a lo que dice el alcalde aseguró que “sí hay viabilidad financiera” para aplicar un modelo distinto al arrendamiento. El presupuesto de ingresos para 2017 – dijo – es de seis mil millones 300 mil pesos, 75 millones más que en el último año de la administración del ex alcalde, Jorge Enrique Astiazarán Orcí.
Recientemente, Gastélum Buenrostro contestó que hay un déficit presupuestal para resolver las exigencias de los sindicalizados de su gobierno relacionado con ese contrato con Turbofin que se hizo bajo el mecanismo de adjudicación directa.
Rafael Mauricio Cruz Manjarrez, integrante del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) y promovente de la denuncia penal contra el presidente municipal por delitos como fraude específico, desvío de recursos o coalición de funcionarios públicos, señaló que en el expediente obran violaciones al debido proceso administrativo en lo relativo a ese contrato.

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