Mexicali, B.C., 18 de noviembre de 2018.- La diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, presentó una Iniciativa de reforma a la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos de Baja California, con la finalidad de que el Estado intervenga ante la incapacidad de los ayuntamientos de realizar la recolección de residuos domésticos y, de sancionar a los responsables del área competente.
En su exposición de motivos, señaló que debido a que la recolección, operación de los centros de acopio y de transferencia, así como de los sitios habilitados y autorizados como rellenos sanitarios, la mayoría de las veces son concesionados a particulares, no han logrado funcionar de la mejor forma.
“Y por tal razón, -dijo- no existe un adecuado control y manejo de los residuos sólidos domésticos, de los residuos industriales no peligrosos e incluso, faltan sitios y mejores controles para los residuos tóxicos y peligrosos”.
Resaltó que hay municipios en donde en últimas fechas, el manejo, recolección y disposición final de la basura, consistente en residuos sólidos domésticos. Lo que se ha convertido en un problema que pone en riesgo la salud de las personas, por su acumulación y consecuente generación de malos olores por la descomposición de la materia orgánica, surgimiento de plagas de roedores e insectos, quema de basura y proliferación de tiraderos clandestinos a cielo abierto.
La legisladora del Partido del Trabajo, citó que, en el municipio de Ensenada, existen colonias y poblados rurales, en donde la recolección de basura tarda de 15 días y hasta 3 meses en pasar.
Esto en contravención del Reglamento de Manejo de Residuos Sólidos Urbanos y Aseo Público para el municipio de Ensenada, que establece en su artículo 18, que la recolección domiciliaria comprenderá hasta 25 kilogramos por domicilio, por cada evento de recolección y se efectuará al menos dos veces por semana, de manera gratuita, argumentó.
Por si esto fuera poco, subrayó que no está funcionando el sitio destinado a relleno sanitario de San Quintín y, en el cual se destinaron más de 8 millones de pesos del erario público estatal, debido a un conflicto por el terreno en que se construyó.
La legisladora expuso que, por esta razón la basura se acumula en un terreno colindante a cielo abierto y sin que la autoridad pueda cancelar dicho sitio, por no existir ninguna alternativa viable.
Y para agravar más esta situación, en distintas ocasiones se le ha impedido el acceso al relleno sanitario a los camiones recolectores del Ayuntamiento, por parte de la empresa PASA, S.A de C.V., debido a que el gobierno de Ensenada tiene una deuda de poco más de 13 millones de pesos con esta empresa que tiene la concesión del relleno sanitario, puntualizó.