MEXICALI BC 18 DE AGOSTO DE 2016.- El Pleno del Congreso de Baja California aprobó por unanimidad una reforma al artículo 932 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, con la finalidad de que en los juicios de orden familiar, el desempeño de los psicólogos o trabajadores sociales del Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), no generen costo a las partes cuando el juez así lo ordene.
La reforma venía contenida en el dictamen número 75 de la Comisión de Justicia, propuesta por el diputado Juan Manuel Molina García, quien en su exposición de motivos explicó que cuando los cónyuges deciden el divorcio, se ven envueltos generalmente en una pelea por la guardia o custodia del menor, situación en la que existe la necesidad de la intervención de los psicólogos del DIF para dar su opinión profesional sobre la veracidad de los hechos o de una situación.
Agregó que su iniciativa va en el sentido de asegurar, en todo momento, la protección de los niños en el difícil trance de la separación de sus padres, situación en la que el Estado y la sociedad deben velar por la protección tanto física como mental de ellos, y así garantizarles que no pierdan los lazos afectivos con sus padres o abuelos, independientemente de que la pareja decida romper su unión.
Molina García dio a conocer que en pasadas administraciones, el DIF muchas veces negó, dilató, cobró y obstaculizó la realización de exámenes psicológicos o socioeconómicos necesarios para que el juez decidiera la custodia, patria potestad, un traslado, una separación, medidas provisionales y una serie de determinaciones fundamentales para la vida familiar, lo cual retardó su resolución por el hecho de negarse el servicio por parte de esos auxiliares de la justicia.
En ese sentido, una parte de la reforma del legislador de Movimiento Ciudadano establece lo siguiente: “El desempeño de los psicólogos o trabajadores sociales del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California no generará costo cuando el juez así lo ordene, tomando en cuenta el interés superior del menor o la situación económica de las partes”.
Esta reforma aprobada el día de hoy por la XXI Legislatura del Congreso local, será enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.