MEXICALI BC 14 DE JULIO DE 2017.- La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (Cglpc) de la XXII Legislatura local, que preside el diputado Andrés de la Rosa Anaya (PAN), aprobó de manera unánime en lo general los dictámenes mediante los cuales se expiden las leyes secundarias que dan sustento al Sistema Estatal Anticorrupción (SEA): la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (LSEA), la Ley de Responsabilidades Administrativas (LRA) y la Ley del Tribunal Estatal de Justicia (LTEJ), todas del Estado.
Dichas leyes secundarias tienen su origen en las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo, las fracciones parlamentarias de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional y una propuesta ciudadana. Asimismo, los integrantes de este órgano de trabajo legislativo avalaron de manera unánime reformas a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
Mediante la LSEA se promueve una participación mayor de ciudadanos en comparación con la establecida en el sistema federal, ya que el Comité de Participación Ciudadana estatal contará con 15 integrantes de la ciudadanía; además, las resoluciones del Comité Coordinador Estatal serán vinculantes para las autoridades, y no meras recomendaciones que pueden acatar o no, como está dispuesto en la legislación a nivel nacional.
En la LRA se establecen principios y obligaciones actualizadas que regirán el actuar de los servidores públicos, haciendo la diferenciación de faltas graves y no graves; pero por otro lado y como algo nuevo, se inscriben las sanciones a las cuales se harán acreedores los ciudadanos que cometan actos de corrupción en perjuicio de la sociedad.
Asimismo, mediante la LTEJ se sientan las bases sólidas para la transición y conversión del actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Tribunal de Justicia Administrativa; en este último se crea una sala dedicada a juzgar actos de corrupción y se nombra a un magistrado especializado en el tema para resolverlos.
Al finalizar la reunión efectuada la tarde de ayer en la sala “Estado 29”, en representación de los ciudadanos que participaron en el análisis y redacción de las referidas leyes secundarias, Francisco Fiorentini Cañedo felicitó al presidente y a los legisladores integrantes de la Comisión por haber cumplido su palabra de hacerlos partícipes dentro de los trabajos, además de que hizo el compromiso de “seguir tomando al Congreso con propuestas, no con carpas”.
Por su parte, el titular de la Comisión de Gobernación, asambleísta Andrés de la Rosa subrayó el trabajo arduo realizado durante meses para sacar adelante el Sistema Estatal Anticorrupción, para lo que se llevaron a cabo foros en los diversos municipios y múltiples reuniones de la Mesa Redactora, donde participaron organismos empresariales, académicos y sociales, todo lo cual permitió sacar adelante las reformas constitucionales en el mes de junio y las leyes secundarias aprobadas en esta ocasión.
Además, reconoció la participación de la sociedad en todo el proceso del SEA. Dejó en claro que el binomio legisladores-ciudadanos, puede construir mejores escenarios en términos de marcos jurídicos para Baja California, con el fin de ser ejemplo a nivel nacional.
En los trabajos de la Cglpc estuvieron presentes sus diputados integrantes Andrés de la Rosa Anaya (PAN), presidente; Marco Antonio Corona Bolaños Cacho (PRI), secretario, y los vocales Ignacio García Dworak (PAN), Luis Moreno Hernández (PES), Victoria Bentley Duarte (PAN), Catalino Zavala Márquez (Morena), Raúl Castañeda Pomposo (PAN) y José Félix Arango Pérez (PAN). Además, hizo acto de presencia la legisladora Alfa Peñaloza Valdez (PAN).
Cabe recordar que en sesión extraordinaria del pasado 21 de junio, el Pleno aprobó por unanimidad el dictamen 16 proveniente de la Cglpc, que contenía reformas a diversos artículos constitucionales para crear el SEA, el cual será la instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.