* Es resultado de un amplio consenso social y de distintas fuerzas políticas de la XXI Legislatura: Dip. Gallardo García
* Para prevenir el delito se involucra a las áreas de salud, educación, deporte, desarrollo social y de la familia
* El Estado y los municipios deberán etiquetar recursos para tal fin
MEXICALI BC 3 DE JULIO DE 2014.- El Pleno del Congreso local aprobó por unanimidad la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, cuyo principal objetivo es establecer las bases de coordinación multidisciplinaria entre el Estado y los municipios, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, busca impulsar la participación coordinada entre las instituciones públicas y los diversos sectores sociales de Baja California para anticiparse y modificar las dinámicas sociales, urbanas, económicas y culturales que generan contextos de violencia y delincuencia.
En conferencia de prensa realizada antes del inicio de la sesión del Pleno, el inicialista de este proyecto de ley, diputado Fausto Gallardo García, resaltó que fue el resultado de una amplia participación y consenso entre diversos sectores de la sociedad, organismos empresariales, colegios de abogados y de distintas fuerzas políticas representadas en la XXI Legislatura.
El representante del Partido Verde Ecologista de México subrayó que el Estado y los municipios deberán etiquetar recursos para la prevención social de la violencia, y refirió que será el Consejo Estatal de Seguridad Pública quien se encargue de la coordinación interinstitucional para la definición e implementación de políticas públicas en la materia.
Por otro lado, mencionó que actualmente la coordinación en el tema de la prevención del delito sólo se da entre las instituciones de seguridad, pero que esta ley va más allá, ya que comprende y estimula la participación e involucramiento de áreas como la educación, la salud, el deporte y el desarrollo social y de la familia.
En la exposición de motivos de la ley en referencia, se argumentó la necesidad de entender la dinámica social y establecer nuevas formas de regulación jurídica que permitan un fortalecimiento de la seguridad colectiva, además de analizar y evaluar constantemente las políticas públicas en materia de prevención y seguridad, donde se tenga una visión y enfoque a largo plazo, y la incorporación de la ciudadanía en los esfuerzos preventivos.
La Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado se compone de 63 artículos principales, distribuidos entre 9 capítulos y cuatro disposiciones transitorias.