TIJUANA.- Una política transversal en donde participen los tres niveles de gobierno y la sociedad civil para hacer frente al problema de las adicciones en México, así como implementar programas de reinserción social forman parte de las acciones que encabezará Juana Laura Pérez Floriano, candidata al Senado de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Juanita Pérez durante el día 68 de campaña sostuvo un encuentro con Alfredo Magallanes fundador de Casa Recuperación A.C. y diversos representantes de Organismos de la Sociedad Civil. a quienes reconoció como activos de la ciudad por su contribución para restablecer el tejido social.
“Los centros de rehabilitación juegan un papel importantísimo en la vida del país porque atienden problemas que el gobierno no logra cubrir. Las adicciones como la drogadicción y el alcoholismo deben combatirse a través de esquemas preventivos y más presupuesto para los organismos de la sociedad civil que realizan esta tipo de tareas”, comentó.
La abanderada por el PRI calificó de alarmante los resultados que arrojó la encuesta del Centro de Integración Juvenil en Baja California de 2016, en donde señala que la mariguana es la droga más consumida con un 88.3%, seguida por las metanfetaminas con 58.3% y cocaína con 44.3% entre los pacientes de primer ingreso.
Juanita Pérez expuso que a través de la prevención desde el hogar y el fortalecimiento de los valores y la educación es como se puede alejar a los niños y jóvenes de las garras de las drogas y el alcohol con el apoyo de los tres órdenes de gobierno y el reforzamiento de políticas públicas.
Abundó que la reinserción social de las personas que tomaron un tratamiento debe llevarse de la mano de las familias y los empresarios, quienes en la mayoría de los casos brindan empleo y una segunda oportunidad a miles de hombres y mujeres que desean superarse.
Por último, comentó que José Antonio Meade Kuribreña, candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México en su proyecto de gobierno contempla un programa integral de combate a la inseguridad mediante la aplicación de medidas efectivas como derecho a la salud, educación, empleo, alimentación y recreación.