Admiten demanda de amparo ante contrato entre Ayuntamiento y Turbofín

Octavio Fabela Ballinas
Tijuana.- El juez cuarto federal en materia de amparo dio entrada a la demanda de amparo que interpuso la abogada Ofelia Cristal Vázquez con el que el Concejo Ciudadano de Organizaciones Civiles Independientes combate el contrato que el Ayuntamiento de Tijuana firmó con la empresa Turbofin para el arrendamiento de camiones recolectores de basura y petrullas.
En conferencia de prensa el COCI encabezado los abogados integrados al COCI, expusieron que se han interpuesto dos demandas de amparo, la de la abogada Vázquez que ya fue admitida y por el también jurista Ignacio Anaya Barriguete, pues consideran que el contrato en cuestión es completamente ventajoso para un particular, por lo que se presume corrupción.
Explicaron que en el recurso que ya fue admitido, la próxima semana se realizará una audiencia incidental pues se solicitó al juzgador que se otorgue suspensión provisional, este incidente fue rechazado por el juzgado para evitar lesionar a terceros, sin embargo confiaron que hay los argumentos sólidos para que se detengan sus efectos y el municipio no siga pagando a Turbofin la renta mensual de 5 millones de pesos.
Por lo pronto el juzgado ya notificó a la autoridad municipal y la apercibió a enviar informes que justifiquen el contrato otorgado a Turbofin para la renta de camiones recolectores de basura y patrulla, caso contrario será multado. Recientemente funcionarios del XXII Ayuntamiento ya han sido multados por no acatar las disposiciones de un tribunal.
La audiencia constitucional en el juicio de amparo se realizará el próximo 28 de agosto.
Aportan más pruebas en demanda penal
Los abogados del COCI Carlos Atilano, Ignacio Anaya y Román Antonio Aboytes también dieron a conocer que de acuerdo con el Nuevos Sistema de Justicia Penal que permite a la parte acusadora ser coadyuvante del Agente del Ministerio Público en las investigaciones, presentaron un dictamen pericial en derecho administrativo que confirma que es ilegal el contrato con Turbofin.
El dictamen del perito fue acompañado de la legislación vigente y demostró que el convenio de casi 80 millones de pesos y entregado sin licitar a Grupo Turbofin, viola el código civil por lo que debe invalidarse y los funcionarios involucrados ser sujetos a las sanciones penales por su responsabilidad en los delitos que se asientan en la demanda presentada.