La aprobación del dictamen por parte de la Cámara de Diputados para la implementación de la Guardia Nacional permitirá disminuir la violencia, en especial la derivada del narcotráfico, gracias a la reforma constitucional del artículo 19 sobre prisión preventiva oficiosa, la cual contempla ampliar el catálogo de delitos que ameritan esta medida automática, señaló Javier Castañeda Pomposo, diputado federal del PES.
Indicó que la Constitución define como delitos meritorios de prisión preventiva oficiosa a aquellos en donde los probables responsables serán encarcelados de forma automática si un juez determina iniciarles proceso. Esto sin necesidad de que el Ministerio Público acredite el riesgo o perfil del inculpado.
Los delitos que contempla el dictamen aprobado son: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos violentos cometidos con armas, el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, delito en materia de hidrocarburos, abuso y violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, así como las cometidas por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego, precisó el legislador federal.
Mencionó que entre los cambios que presenta el dictamen que pasará a los congresos locales están que la Guardia Nacional tendrá un mando civil y que las fuerzas armadas participarían en tareas de seguridad pública por un plazo de cinco años. Además que este cuerpo de seguridad se regiría por una doctrina policial.
Castañeda Pomposo anotó que el dictamen no modifica el artículo 13 de la Constitución, con lo que se eliminó la posibilidad de que los elementos de la guardia cuenten con fuero militar, al ser constituida como una institución plenamente civil.
Apuntó que en el dictamen aprobado se eliminó la figura de la “Junta de jefes de Estado”, que estaría compuesta por elementos de las secretarías de Seguridad, Defensa y Marina. En su lugar, se propone una coordinación operativa interinstitucional.
Además, debido a la colaboración y coordinación del cuerpo de seguridad con las entidades federativas y municipios, los gobernadores de las entidades federativas deberán presentar anualmente un informe sobre el avance de las tareas realizadas al Senado, que también deberá realizar el presidente de la República, refirió Javier Castañeda.