Mexicali, B.C., febrero 28 de 2019.- En Sesión Ordinaria del Congreso local, el diputado Héctor Ireneo Mares Cossío propuso un punto de acuerdo, con el fin de pedir al titular de la Auditoría Superior de la Federación y al H. Congreso de la Unión, que se sancione a los responsables de daños patrimoniales de auténticos pescadores, mediante el mal manejo de un programa de compensación social.
El punto de acuerdo económico lo presentó en lo personal, y en representación del Grupo Parlamentario MORENA, así como integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca del Congreso del Estado.
Luego de exponer que, por negligencia, o corrupción, se elaboró un padrón de personas que no se dedican a la pesca, para que fueran beneficiarios de programas de compensación social, el diputado Héctor Mares solicitó investigar y darle seguimiento puntual al caso, y se tomen las acciones legales para aplicar las sanciones correspondientes a los responsables.
La deficiente forma en que se levantaron los padrones de beneficiarios por la suspensión temporal de la pesca en el Alto Golfo de California y el Delta del Río Colorado, derivó en daño patrimonial a los verdaderos pescadores, afectados en el pago de su compensación, que nunca les llegó, porque se desviaron a otras personas.
Mares Cossío explicó que en abril de 2015 la administración anterior del Gobierno Federal implementó un plan de protección de fauna marina, principalmente el denominado Programa de Compensación para la Conservación de la Vaquita Marina, que tendría una duración de dos años, toda vez que esa especie se encontraba en peligro de extinción.
Según los expertos de la materia, en enero de 2015 había 97 vaquitas marinas, pero a finales del mismo año el Comité Internacional de Protección de la Vaquita Marina consideró que ya nada más quedaban 57, por lo que se consideró que el programa mencionado no estaba cumpliendo sus objetivos.
La causa: seguía dándose la pesca furtiva de la totoaba con la consiguiente muerte de las vaquitas marinas atrapadas en las redes de su pesca, de tal forma que, se dice, sólo quedan 15 ejemplares.
Por eso, en abril de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para la suspensión temporal de dos años del uso de redes de enmalle, cimbras o palangres en la pesca comercial con embarcaciones menores, en la zona de reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Rio Colorado.
Para implementar su cumplimiento, y considerando la afectación que esa prohibición causaría en la economía de los pescadores de la zona, al impedírseles realizar su principal actividad de subsistencia, se creó un programa que incluyó a 2,699 pescadores y permisionarios, en el que se invertirían 540 millones de pesos anuales; en total, 1,080 millones de pesos en dos años.
El problema fue que se manipuló el padrón, y afectaron a pescadores del puerto de San Felipe, en Baja California, y a otros del vecino estado de Sonora.
Desde un principio se denunció que hubo manipulación al elaborar ese padrón de pescadores que recibirían la compensación federal, pues permisionarios incluyeron maliciosamente a familiares y amigos que no se dedicaban efectivamente a la pesca, dejando fuera a muchos verdaderos pescadores, además de que no se incluyó a pescadores independientes, que subsisten de esa actividad.
A pesar de sus múltiples protestas y denuncias, esas irregularidades nunca fueron corregidas por las autoridades, y se siguió compensando injustamente a muchas personas ajenas a esa actividad, afectando también a la etnia Cucapá, nativa de esta región, la cual practica desde tiempos ancestrales la pesca.
Ese gran fraude ya ha sido puesto al descubierto por el nuevo Gobierno de la República, en su lucha permanente contra la corrupción, pues precisamente el pasado día sábado 23 de febrero apareció en los diversos medios de información nacionales que la Auditoria Superior de la Federación encontró múltiples irregularidades por un monto de 7 millones 228 mil pesos.
Eso es solo la punta de la madeja; en su momento se pagaron indebidamente a personas fallecidas, así como a gente que no vive en la zona de pesca, y a habitantes de las comunidades que ni siquiera tienen permisos de pesca, así como se encontró la existencia de apoyos duplicados, entre otras irregularidades.
Se incluyó a muchas personas que no rindieron sus informes bimestrales, ni presentaron sus comprobantes de domicilio, por lo que resultaban inelegibles para el beneficio, conforme a las normas establecidas del “Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo” (PROCER), en su apartado de “Compensación Social”, por la Suspensión Temporal de Pesca.
Ante esa situación, ya evidenciada de tremenda inequidad, por casi cuatro años, que generó el empobrecimiento de muchos pescadores y sus familias, el diputado Héctor Mares Cossío pidió a sus homólogos interceder en este reclamo de justicia, para que se elabore un nuevo padrón de beneficiarios que corresponda a la realidad.
Sobre todo, agregó, que con base al nuevo padrón sean compensados en la forma que legalmente les corresponde, y que se tomen todas las acciones legales para sancionar severamente a aquellos que se condujeron en forma corrupta y fraudulenta en contra de los recursos del erario federal, destinados al fin mencionado, tanto autoridades como particulares.