Octavio Fabela Ballinas
Tijuana.– Las personas que salen de las prisiones de Baja California tras compurgar su pena, encuentran pocas oportunidades de reinserción a la sociedad por lo que la mayoría de ellos reincide en la comisión de delitos porque tienen hambre y no encuentran manera de subsistir, muchos de estos casos forman parte de la población carcelaria de 11 mil 600 personas que hay en Baja California, cifra que podría crecer si se considera delito grave la portación de armas de fuego.
Ante miembros de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados el subsecretario del sistema penitenciario de Baja California, David Limón Grijalva precisó que la posibilidad de que se encarcele a quienes sean detenidos por la portación de arma de fuego, la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales debe ser acompañada de un incremento importante en el dinero que se destina para la atención de la población carcelaria.
“Atender diariamente a cada interno del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California cuesta 158 pesos diarios, por lo que el gasto total asciende a un millón 832 mil pesos, ya que actualmente hay 11 mil 600 personas en el interior de los penales, gasto que al mes representa 54 millones 960 mil pesos”. Además del incremento de la población interna, el gobierno federal adeuda unos 200 millones de pesos para la atención de los penales.
Sobre la justicia terapéutica, el funcionario explicó que el gobierno aplicará programas de inversión para los centros de rehabilitación, a fin de que algunos de los criminales adictos puedan, en lugar de enfrentar una pena de cárcel, ser obligados legalmente a rehabilitarse. “trabajamos en otorgar mejores herramientas a las personas privadas de su libertad, con el objetivo de que no vuelvan a delinquir”.
Con hambre y sin oportunidades, ex reos vuelven a delinquir
