Octavio Fabela Ballinas
Tijuana.– Más de un año después de que el Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes solicitara la realización de un plebiscito sobre la concesión de alumbrado público y aumento a la tarifa de transporte, el gobierno municipal integró el Comité de Participación Ciudadana, nombrando a un asesor del alcalde como presidente lo que genera desconfianza de COCI aseguró su coordinador Carlos Atilano Peña.
En conferencia de prensa explicó que impulsarán que el plebiscito solicitado desde el 28 de agosto de 2017 se realice antes de que termine este año pues “la autoridad municipal y el consejo pudieran utilizar algún pretexto, alguna excusa basada en dos temas fundamentales: el reglamento por los tiempos que maneja, y dos, la falta de recursos públicos”.
En ese sentido aseguró que el recurso económico no debe ser problema pues el Instituto Estatal Electoral cuenta con un presupuesto de 26 millones de pesos para llevar a cabo las herramientas de participación ciudadana previstas en la Ley.
Refirió que la conformación del propio Comité es en sí mismo un motivo de duda, principalmente porque “el presidente es un asesor del alcalde, está en la nómina de sus asesores, al menos durante el 2018 Liceaga Campos trabajó con un salario de 25 mil pesos mensuales como “encargado de programas”.
Aseguró que los asuntos, materia del plebiscito aún están vigentes puesto que el Acuerdo de Cabildo que abre la posibilidad de concesionar el sistema de alumbrado público no está frenada formalmente, y el incremento a la tarifa de transporte puede ser revertido, en el primero de los puntos, el acuerdo est[a detenido porque una de las dos compañías participantes de la licitación se inconformó legalmente del proceso, y en el segundo el aumento se dio.
Abundo que si los ciudadanos rechazan ambas medidas el gobierno el Ayuntamiento tendría que aceptarlo, pero debe haber un mínimo de participación ciudadana en el plebiscito, y esa cantidad no está clara todavía “necesitamos verificar todavía varios temas de la ley. Lo que pasa es que hemos encontrado algunas contradicciones entre la ley estatal y el reglamento”.