José Ángel Inzunza Mendoza
Tijuana, 15/08/18.- Tras exhortar al gobierno del estado que deje a las organizaciones civiles levantar los censos de “carros chocolate”, Carla Estrada y Gilberto Nuñez, directivos de Anaporomex, advirtieron que el registro que quiere levantar el gobierno estatal es “sospechoso”.
De entrada, observan, “el Estado no puede ser juez y parte, porque mientras por un lado manifiestan “interés” de “regularizar”, por otra parte encabezan una feroz cacería de decomisos de “carros chocolate”; así que, no se sabe para qué quieran esos registros”.
Después de leer el posicionamiento oficial del líder nacional de Anapromex, Fidel Villanueva Ramírez, al censo que pretende “levantar” el “eterno” secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, Norberto González Grajeda, los directivos de la asociación civil desmintieron que haya un acuerdo con el SAT para la “regularización”.
“El Sistema de Administración Tributaria (SAT) es una dependencia federal recaudadora, y se sostienen en su papel de decomisar vehículos, mientras que nosotros estamos para pelear hasta el último momento para que no se los quiten a las personas que, con sacrificios, adquiere un auto “chocolate”, por no tener capacidad económica para comprar carro nuevo, y aunque quieren pagar la importación, no es posible con los elevados precios actuales”, explicó Carla Estrada.
Precisó que tan solo en Tijuana tienen afiliados más de 50 mil vehículos de procedencia extranjera, y se estima que en el estado circulan más de 500 mil, en tanto que a nivel nacional son más de 5 millones las unidades vehiculares en situación irregular.
Por eso, sostuvieron, “esta es una responsabilidad del Gobierno Federal, no del gobierno estatal, y Anapromex está trabajando por lograr por fin el noveno decreto de “regularización”, que desde el 2008 no se ha conseguido, pero continuaremos impulsando hasta lograr una solución definitiva a esta problemática”, puntualizó la segunda al mando en la dirigencia nacional de Anapromex.
En respuesta a señalamientos de Coparmex y la Canaco, aclararon que no son un negocio, sino que, como toda asociación civil, operan sobre la base de las cuotas de los socios, que es única, y vigente hasta resolver la importación de los vehículos.
Si bien han participado en 8 procesos de regularización, lográndose la defensa de cientos de miles de ciudadanos propietarios de “carros chocolate” en el país, citaron como ejemplo de que sí trabajan, que en este año se han avocado a la defensa de 5 propietarios de “carros chocolate”, logrando a la fecha la solución definitiva de uno, y tres a punto de una resolución favorable de los tribunales.
Lamentaron, sin embargo, que del caso ganado al SAT, están ahora demandando la retribución económica al propietario, ya que Hacienda vendió esa unidad, indebidamente, y el Tribunal ya ordenó el regreso del vehículo o el pago de la indemnización correspondiente.