* Aprovecha “huecos” de la ley electoral para servirse mediante sus propias casas encuestadoras y una empresa creada para autovenderse toda la propaganda electoral
* Desde que fue director del organismo de agua en Otay, California, negociaba con la compañía que construye la desalinizadora de Rosarito
José Ángel Inzunza Mendoza
De acuerdo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, no se encuentra dentro de ese catálogo, al menos no de manera explícita (lo cual aprovechan los abogados), el tener una casa encuestadora que elabore y publique sondeos “a modo”, ni se sanciona a candidatos que tengan su propia empresa que le “venda” toda su propaganda electoral.
Puede buscarse, no obstante los “huecos” de la ley, que por ahí se entrevera delitos de “cuello blanco”, o que por lo menos, mientras no se modifique la ley, son actos calificados como moralmente incorrectos.
Por lo menos ante el electorado, no puede ser confiable ni considerado honesto que un candidato tenga su propia casa encuestadora y empresa proveedora de su material electoral.
No nos referimos aquí a la libertad que cualquiera tiene de contratar esos servicios y productos donde mejor le convenga, sino a que, para ser claros, el candidato a Senador de Morena en Baja California, Jaime Bonilla Valdez es dueño de la casa encuestadora OPUS, esa que le da las exageradas cifras de “preferencias” a todos los candidatos de Morena; y es dueño de una empresa que le cobra al INE por toda la propaganda electoral que utiliza él mismo como candidato.
Esto último sí puede calificarse como delito electoral, considerando lo que dice el Artículo 11, Fracción III de la referida ley, que se sancionará a quien: Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado.
Esto, pudiera, por ejemplo, encauzarse advirtiendo que Jaime Bonilla compra su propaganda electoral a su propia empresa, y la paga con el dinero que le proporciona al INE, según su propio informe, del periodo del 30 de marzo al 28 de mayo:
$1,229,154.96 pesos (más de 1 millón 229 mil pesos) en panorámicos o espectaculares y $5,002.50 (cinco mil 2 pesos con cincuenta centavos) en manta igual o superior a los 12 metros cuadrados, los cuales fueron triangulados con su empresa Ingeniería de Medios e Imagen Corporativa S.A. de C.V.
En producción de mensajes para radio y televisión reporta haber gastado solamente $6,191.90 (seis mil 191.90 pesos).
Ciertamente ha sido algo modesto en sus gastos, pero, entre esos poco más de millón y cuarto de pesos, ya hay un indicio inmoral al contratar a su propia empresa para sus propagandas electorales.
Habría que verse también si miente al reportar cero gastos en muchos otros conceptos de la propaganda utilitaria, en la vía pública, propaganda general y gastos operativos de campaña, en donde a muchos renglones les puso cero gastos. Y mentir en eso sí sería otro delito electoral.
Ilegalidades con OPUS
El periodista Said Betanzos obtuvo documentos a través de solicitudes de transparencia, que incluso los tiene el INE, de que el presunto propietario de la casa encuestadora OPUS (Opinión Pública Surveys) S.A. de C.V., Raúl García Pérez, está en sociedad con Jaime Bonilla Valdez (a través de la empresa Ingeniería de Medios e Imagen Corporativa S.A. de C.V.).
El conflicto legal, y de congruencia en lo electoral, es que García Pérez solo aparece con el 20% de las acciones, y Bonilla Valdez con el 80%, ¡y eso hace más obvio el por qué las encuestas de OPUS pone en los cuernos de la luna al candidato a Senador Jaime Bonilla, y a todos los candidatos de la coalición “Juntos Haremos Historia”!
Por si esa burla fuera poca, Said Betanzos también cita que el diario Vanguardia, en su sitio de internet detalló que además esa compañía es también la principal proveedora de MORENA en publicidad, y en la contratación de espectaculares en Baja California.
¡Y el colmo! “Los documentos también detallan cómo OPUS e Ingeniería de Medios comparten el mismo domicilio fiscal: Monte Athos #49 Fraccionamiento Lomas Conjunto Residencial, ubicados en Tijuana”.
Orígenes oscuros de la fortuna
En declaraciones públicas Jaime Bonilla Valdez ha admitido respecto de su nacionalidad estadunidense: “Yo milité en equis partido, en el que haya sido, y el que apoyes a un partido no tiene que ver con que seas norteamericano o mexicano; se trataba de un candidato hispano y nosotros lo apoyábamos porque quería un cambio democrático. También fui uno de los aportadores más importantes en San Diego del Partido Demócrata”.
Luego agregó: “Yo participo en todos los partidos; yo estoy registrado independiente, y le ayudo a todos los candidatos hispanos, sólo que algunos me ubican en el Partido Republicano”, y admitió que apoyaba económicamente sus campañas, pero que desde el 2012 se quedó ya solamente con su ciudadanía mexicana (pues ya había logrado ser diputado federal de lista, aquí en México).
En todos esos años, precisamente, desde 1992 que se nacionalizó como estadunidense, hasta el 25 de junio de 2012, fue donde amasó su fortuna, sobre todo desde que gozó de la doble nacionalidad (desde 1998), pues manejó “inversiones” entre ambos lados de la frontera, como se puede observar respecto de la adquisición de radiotelevisoras y publicaciones empresas, entre otras.
Lo más ilustrativo que se puede citar por el momento, respecto de los actos de corrupción de Jaime Bonilla, es lo que hizo siendo Director del Agua en Otay, San Diego, California, desde el año 2000 al 2011, mientras que como miembro de la Junta Directiva del Consejo de Otay estuvo desde el 2001 hasta el 5 de abril de 2012.
Ya desde aquellos tiempos Bonilla Valdez tuvo tratos comerciales con la empresa Consolidated Water Company (CWC), la cual ya explotó agua vendida de este lado mexicano hacia Estados Unidos (sobre la base de unas cláusulas de la ley de cooperación binacional en materia de agua), por supuesto, con “tráfico de influencias” (bien cobradas por Bonilla), para saltarse protocolos, y sobre todo, requisitos.
Posteriormente, siendo diputado federal plurinominal en el periodo 2012-2015, fue el gestor (con millonarias ganancias) para que la CWC obtuviera la contratación directa de construcción y operación de la Planta Desalinizadora de Playas de Rosarito, con concesión de 35 a 37 años, cobrando millonarias cantidades de dinero al erario estatal, que a todos espanta, pues obviamente hay cifras “infladas”.
Incluso, en la concesión se incluye la facultad de poder vender agua desalinizada a Estados Unidos (lo que ya facilitaba Bonilla como funcionario en California).
No es raro entonces que, personajes como el teniente coronel retirado Julián Leyzaola Pérez, marcó su línea desde hace años con Jaime Bonilla, a quien ha calificado varias veces como “delincuente”.
Leyzaola ha sido enfático en precisar que va como candidato plurinominal a diputado federal por el Partido Encuentro Social (PES), y aunque apoyara a López Obrador, “Yo no seré jamás compañero de Bonilla; mis convicciones no me permiten hacer acuerdos con delincuentes”.
Algo ha indagado también el candidato a Senador por el PRI, Alejandro Arregui Ibarra que ha mostrado una carpeta con la leyenda “Expediente Bonilla”, y el también aspirante a la Senaduría, pero por el Verde Ecologista (PVEM), Ignacio Anaya Barriguete, comentó que le placía que Bonilla no se presentara a ningún debate, “porque no me gusta debatir con delincuentes”.
Sin duda, los expedientes “negros” de Bonilla son mucho más abundantes; pero los aquí citados ya revelan que de honestidad no puede presumir.