Ensenada, Baja California.- Alejandro Arregui se reunió con miembros de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Ensenada (CMIC), que preside el ingeniero César Ramos García, en donde afirmó que es necesaria una Ley de General de Obra Pública que impida el conflicto de interés entre funcionarios públicos y sus empresas.
“Ninguna persona en un cargo público, ya sea en calidad de persona física o como accionista de una persona moral, podrá participar en un proceso de licitación de obra pública. El conflicto de interés es permanente, constante en el ejercicio de recursos públicos de Baja California, a través del actual senador del PAN, Víctor Hermosillo, en cualquier otro país esto no sería ni imaginable”, denunció.
El candidato a senador por el PRI también estuvo presente en la reunión de Comice (Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción) y con ambas agrupaciones detalló que esta ley debe regular planeación, contratación, ejecución y auditoría de obras de los tres niveles de gobierno, para que no haya margen de improvisación por parte del gobernante en turno.
“El gobernante en turno hace pequeñas modificaciones a la legislación en materia de contratación de obra pública que permite tener flexibilidad para definir sus propios intereses, lo he visto muy de cerca en la legislatura”, dijo ante el sector constructor.
Se debe de crear una ley federal general que se alinee de manera directa con una ley estatal y que regule que todos tengan igualdad de oportunidades, agregó que se tiene que integrar también una reforma en donde las autoridades estén obligadas a acreditar que la empresa contratada tenga una capacidad comprobable de que puede cumplir con la obra.
Las empresas contratadas deberán tener capacidad humana, técnica y material para el desarrollo de la obra, especificó Arregui Ibarra, ya que es inconcebible que empresas que actualmente están ganando los concursos de obras millonarias, sólo tengan una secretaria y una computadora.
Agregó que la empresa que gane cualquier licitación tiene que acreditar al menos el 51% de la capacidad instalada para cumplir con la obra, y que sólo pueda subcontratar el 49%, y ahí se irá generando un desarrollo de mercados, donde las empresas menores sólo participarán en obras que estén dentro de su capacidad.
Se debe de cambiar la manera de hacer democracia si en verdad se quieren resultados distintos, recalcó Arregui Ibarra, ya que entre todos se puede redefinir el rumbo de Baja California, cada quien desde su trinchera.