* Hubo algunos cómos a las propuestas, pero se destacó el por qué no se hicieron ni se hacen
Tijuana, 14/5/18.- Con una conducción crítica y acertada de la representación patronal en Tijuana, se desarrolló un Foro Cívico con candidatos al Senado de la República, inquiriendo de ellos propuestas concretas y los cómos de sus pretensiones de cambiar o reparar lo que ahora no funciona.
Aunque no faltaron intervenciones con señalamientos entre unos y otros, el moderador observó que al menos en este ejercicio no hubo tantos como temían, y sin embargo, la mayor parte de las propuestas se antojaron “huecas”, faltándoles el cómo, no solamente el por qué no se hicieron ni se hacen.
En la primera media hora la temática concentrada en cuestiones de economía, incentivos fiscales e impulso a la industria y las tecnologías, la coincidencia de reducir el IVA, unos al 11% y otros al 8%, no se tradujo en cómo equilibrarían el presupuesto de ingresos y egresos federal, para lograr ese cometido.
Todos reconocieron la necesidad de la frontera a un esquema parecido al de la Zona Libre, pero nadie explicó el contenido del nuevo sistema a implementar.
Asimismo, la búsqueda de soluciones a incentivar la industria y los avances tecnológicos estuvo envuelta en discursos ambiguos.
Los temas más fuertes fueron entonces los de seguridad y educación, donde tímidamente sí hubo algunos cómos, y el no profundizar en ellos se basaba en lo corto del espacio de dos minutos para explicarlos.
En todo caso, el que puso el dedo en la llaga fue el candidato ciudadano invitado del Partido Verde Ecologista (PVEM), Ignacio Anaya Barriguete, quien enfatizó que el principal problema radica en aplicar las leyes que ya están y en no justificarse en que no pudieron hacer algo, por “mayoriteos” de otras fuerzas políticas.
Estuvieron contestando las preguntas muy precisas de los moderadores de Coparmex los candidatos a Senadorres: Efraín Monrreal Gastelum, por el Partido Nueva Alianza (PANAL); Alejandra León Gastelum, de la coalición “Juntos Haremos Historia” (MORENA, PT y PES); Jorge Ramos Hernández, de la coalición “Por México al Frente” (PAN, PRD y MC-Movimiento Ciudadano); Alejandro Arregui Ibarra, del PRI; e Ignacio Anaya Barriguete, por el Verde Ecologista (PVEM).
En varias de las rondas el moderador se manifestó inconforme, con justa razón, de las respuestas de los candidatos, por ambiguas o “huecas”, carentes de sustancia, de propuestas concretas y prácticas, lo que le obligó en un momento dado a darle algunos segundos de gracia a los candidatos, y la lógica réplica de uno de ellos al respecto.
Todos se pronunciaron en contra de la corrupción, la impunidad, y la falta de valores en la sociedad y los gobiernos; por una educación de calidad y mejores herramientas legales para proteger a los policías, a fin de que cumplan de manera más eficiente y honrada su deber.
Los puntos de controversia se centraron entonces en el Sistema Anticorrupción, con su fiscal que todos coincidieron debe ser nombrado por la sociedad y no por el gobernante, y que debe ser autónomo, tanto en lo administrativo como en lo operativo.
Para ser más específicos, por fin la que citó reformas a emprender fue Alejandra León, señalando el modificar los artículos 426 y 428 del Código Penal Federal, para que los castigos a funcionarios y gobernantes que incurran en peculado u otros delitos, sean catalogados como de delincuencia organizada.
Entonces el candidato panista a la Senaduría, Jorge Ramos aprovechó la coyuntura para recordar con precisión reformas que ya propuso a los artículos 102 Constitucional, para que se nombre un Fiscal Federal (PGR) por 9 años y no al capricho del nuevo Presidente en turno; así como a los artículos 76 y 123 de la misma Carta Magna, para asegurar mejores ingresos y prestaciones sociales a los policías.
Ahí es donde Ignacio Anaya Barriguete advirtió que, “si esas y otras iniciativas quedaron en la congeladora, fue porque no tuvieron la capacidad de convencer con argumentos jurídicos, y por lo mismo, no pueden garantizar que harán lo que antes no hicieron, y que ahorita debieran estarlo haciendo”.
Subrayó entonces que muchos males parten de que el Estado no respeta las leyes, y por si fuera poco, es curioso que el peculado, que significa desviar recursos públicos para fines particulares, no es delito grave, por lo que observa una fórmula sencilla contra la corrupción y la impunidad: aplicar la ley.
Ciertamente todas las leyes son perfectibles, remató, pero debemos empezar por aplicar las que ya están.
El otro punto de controversia fue en torno a la propuesta de amnistía a criminales, presentada por la coalición “Juntos Haremos Historia”, la cual todos otros los candidatos calificaron de inaceptable, inviable e irracional, y quien debió explicarla, Alejandra del Carmen León Gastelum, se limitó a decir que la iniciativa está clara en la página web de la coalición y la aplicación tecnológica de la misma, y no podía ella explicarla en solamente dos minutos.
En el tema educativo hubo críticas contra la reforma educativa, y algunos, aunque estuvieran a favor de ella, admitieron que habría que hacer algunos ajustes para garantizar mejores condiciones económicas para maestros, y para que el fondo para calidad educativa se aplique efectivamente a ese objetivo.
También coincidieron en hacer ajustes en lo que se refiere al contenido pedagógico, para regresar las materias de civismo y ética, para fomentar valores que se han perdido.