José Ángel Inzunza
Mexicali.- El presidente de la Mesa Directiva de la XXII Legislatura, diputado Raúl Castañeda Pomposo aseguró que el Congreso estatal está en plena disposición de colaborar con la suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al recurso de inconstitucionalidad presentado por 11 diputados en contra del Decreto 95 aprobado el primer día de este año.
El dictamen combatido ante el máximo tribunal de la Nación permite al Gobierno de Baja California, entre otras obras de infraestructura, la construcción de dos plantas desaladoras de agua de mar y fue aprobado con el voto mayoritario de los diputados de Acción Nacional en una sesión extraordinaria convocada con solo 30 minutos de anticipación.
La acción de inconstitucionalidad se centra en la decisión del Poder Legislativo de Baja California de declinar su responsabilidad de legislar y diseñar el Presupuesto de Egresos en cada ejercicio fiscal al comprometer ingresos anuales hasta el año 2053.
Los congresistas que presentaron la acción de inconstitucionalidad son Luis Moreno del PES, Jorge Eugenio Núñez del PBC, Claudia Agatón del PT, Catalino Zavala y Víctor Morán de MORENA y Bernardo Padilla, Alejandro Arregui, Marco Antonio Corona, Benjamín Gómez y Patricia Ríos del PRI.
Además de la acción de inconstitucionalidad promovida por los legisladores, sobre el mismo tenor el Poder Judicial de la Federación admitió el 22 de diciembre de 2017 un amparo solicitado por indígenas nativos y residentes de Baja California ante “la omisión de una consulta para la realización de estos proyectos, un derecho irrenunciable de los pueblos originarios, asentados en el artículo 1 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos”.
Por otra parte, en conferencia de prensa celebrada en la sede del Poder Legislativo, Castañeda Pomposo advirtió que la agenda legislativa no se afectará por la falta del nombramiento de dos consejeros del Sistema Estatal Anticorrupción y aseguró que confía en que se logrará un concenso principalmente con Coparmex, pero sin obedecer presiones de ningún tipo.
El plazo para tener integrado el Sistema Anticorrupción, con su Fiscal, es para marzo, y cree que sí concluirán en tiempo y forma.
La SCJN no ha notificado al Congreso sobre recurso de inconstitucionalidad del Decreto 95
