Mexicali, B. C., 18 de enero del 2018.- Durante la sesión ordinaria pasada del Congreso local la diputada Victoria Bentley Duarte, en conjunto con los legisladores Raúl Castañeda Pomposo, Andrés de la Rosa Anaya y Alfa Peñaloza Valdez, propuso reformas al Código Penal del Estado, a fin de incorporar una nueva figura delictiva relacionada con el proceder indebido del servidor público, que por razón de sus atribuciones obtiene beneficios personales o para terceras personas con las que tiene alguna relación familiar, de parentesco o de negocios.
“Siendo congruentes con el amplio estudio y análisis realizado por el Congreso de la Unión en materia de delitos cometidos por servidores públicos, es que consideramos necesario someter a valoración la aprobación de aquellas conductas cometidas por servidores públicos o particulares, que resultan más apremiantes y que guardan relación con el ejercicio de atribuciones y facultades en el desempeño de la labor de servidores públicos y del manejo, uso y administración de los bienes y recursos públicos”, argumentó la presidenta de la Comisión de Justicia de la XXII Legislatura de Baja California.
Indicó que la iniciativa crea el delito de “Uso ilícito de atribuciones y facultades”, por el que se castigará al funcionario cuando indebidamente otorgue concesiones, permisos, licencias, adjudicaciones o autorizaciones de contenido económico, así como franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la administración pública Estatal.
Asimismo, cuando ilícitamente otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos o contrate deuda o realice colocaciones de fondos y valores con recursos públicos.
Por otro lado, Bentley Duarte propone sancionar al servidor público que niegue el otorgamiento o contratación de las operaciones arriba mencionadas, cuando se cumplan con todos los requisitos establecidos en la normatividad aplicable para su otorgamiento, o aquel funcionario que siendo responsable del cumplimiento de los términos de una concesión o permiso, no lo verifique.
Por último, la representante popular del tercer distrito de Mexicali planteó la modalidad de uso indebido de atribuciones para aquellos que teniendo el carácter de contratista, permisionario, asignatario, titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación, aprovechamiento o uso de bienes del dominio del Estado, falsifique u oculte información, o bien, no la provea cuando así corresponda, respecto a los rendimientos o beneficios que obtenga de la explotación de bienes públicos.