TIJUANA, B. C.- El panorama de las personas con discapacidad en Baja California está ligado a la incertidumbre y la escasez de información desde las instituciones gubernamentales, algo que da como resultado un desequilibrio en el marco del reconocimiento y cumplimiento de los derechos humanos.
José Manuel García Arreola, representante de las personas con discapacidad a nivel estatal ante la Asamblea Consultiva del Conadis, expresó que desde el censo de 2010 (Inegi) y hasta la fecha, se desconoce no solo cuántas mujeres y hombres en situación de discapacidad hay en la región, sino en dónde están, a qué se dedican y qué edad tienen, por mencionar tan solo algunas variables.
“Las respuestas numéricas a eso son tan solo una muestra y no cuadran con la realidad, pues no se han contado a todos”.
Indicó que el no saber, ni poder acceder a datos confiables, actualizados y completos, deriva en la generación de programas gubernamentales de tipo asistencialista innecesarios o limitados, así como en la reducción de recursos asignados a este rubro social a través del presupuesto público.
“El no consultar, ni tomar en cuenta a las personas que saben sobre el tema, hace que desde el gobierno se tomen decisiones incorrectas, incompletas y precipitadas”.
En ese sentido, el también presidente de la Coalición por los Derechos de las Personas con Discapacidad (CoadisBC), sostuvo que no dejarán de exigir a las autoridades el cumplimiento de las norma, reglamentos y leyes en los ámbitos, local, estatal, nacional e internacional para avanzar así hacia una verdadera inclusión.
Durante la exposición de esta problemática, resultado de la participación de CoadisBC en foros de análisis sobre el censo nacional de población para el año 2020, se presentó un informe general de actividades encabezadas por esa organización conformada por asociaciones y colegios de profesionistas. (IPR)