José Ángel Inzunza
Tijuana.- Debido a sus incongruencias con los preceptos constitucionales y otras leyes, así como los riesgos que implica para la población, los ex procuradores de derechos humanos en Baja California, José Luis Pérez Canchola y Heriberto García García advirtieron que sí puede proceder la impugnación contra la Ley de Seguridad Interior.
Si bien está esa decisión en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estiman que hay elementos de contenido legal que hacen posible que los magistrados evalúen la anticonstitucionalidad de la ley en cuestión.
En el marco del foro del Grupo 21, que coordina Conrado Gaxiola Val, los ex ombudsman precisaron que hay errores semánticos en la redacción de la ley, además de que en la Constitución jamás se habla de “seguridad interior”, sino de “seguridad nacional” y “seguridad pública”, que son conceptos perfectamente bien definidos en sus competencias y las facultades que tiene cada entidad pública al respecto.
Pérez Canchola precisó que la “seguridad nacional” está a cargo únicamente del Presidente de la República, y tiene que ver con la protección del Estado (o sea, la soberanía gubernamental), la defensa del territorio nacional en casos de invasiones o guerras, y en casos de levantamientos armados que atenten contra las instituciones y la nación en general.
La “seguridad pública” es responsabilidad de los Estados y Municipios, mediante corporaciones policiacas que tienen la función de preservar la integridad de los ciudadanos, y perseguir a los delincuentes.
“Y si hubiese algún concepto, que no lo hay textual ni tácitamente, la “seguridad interior” correspondería a la Secretaría de Gobernación, y solamente en referencia a los elementos y estrategias para garantizar la protección del Estado”.
En el contexto de todo eso, resulta que la Ley de Seguridad Interior sí faculta a militares a actuar para reprimir manifestaciones o marchas belicosas.
Por todo lo expuesto, subrayó Pérez Canchola, “darles un súper poder a los militares es un riesgo para todos, incluso para ellos mismos, pues ellos no están capacitados para labores policiacas, sino para la guerra, y de sus excesos hay miles de expedientes de violaciones a los derechos humanos que han cometido”.
Por su parte, Heriberto García puntualizó que no solamente es un retroceso a las leyes de seguridad en nuestro país y un atentado a los derechos humanos, es también una aceptación de que hay incapacidad o corrupción muy arraigada en las corporaciones policiacas, y por supuesto, admiten que hay crisis de seguridad en todo el país.
Advirtió que aunque fuera necesario el patrullaje de militares en las calles y que tengan funciones policiacas, “obviamente no van a avocarse a ello los 303 mil militares que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional; y si hay carencia de 115 mil policías civiles, por ahí entonces tenemos que enfocar las baterías”.
Heriberto García propuso que se privilegie la depuración y fortalecer a las corporaciones policiacas, así como definir con claridad las funciones de todos los elementos de seguridad, que incluyan no solamente sus responsabilidades administrativas sino también sus consecuencias jurídicas.
Curiosamente, observó, con esa Ley de Seguridad Interior el Congreso de la Unión ha dictaminado sobre un mando único, que estaba en polémica, pero que, al tener nombre y apellido el responsable de esas coordinaciones, ya es un elemento de seguridad para la sociedad.
“Yo creo que más que un problema legislativo es del accionar ejecutivo, si hay delincuencia profesional, se requiere justicia profesional”, concluyó.