Expediente Político
Por.- Alfredo Calva
Que por mayoría de los integrantes del comité de licitaciones con recursos propios del VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, se haya aprobado la compra de quince patrullas a un precio sobrevalorado en más de un cuarto de millón de pesos de su valor, fue un acto de corrupción.
De las entidades en el comité de licitaciones representadas, Oficialía Mayor, la Comisión de Transparencia en el cabildo y el representante de la regidora del PRI, fueron quienes aprobaron a través de su voto la leonina compra que no solo pulverizó la razón de ser de ese órgano colegiado, sino que además socavaron las arcas municipales.
La parte toral del comité es el de aprobar la adquisición de los mejores bienes a los menores costos posibles, sin embargo, en el caso que nos ocupa lo hicieron en sentido inverso quienes emitieron su aprobación, eligieron el producto de menor calidad al precio de un bien de gran calidad, lo que sin duda es un acto de corrupción.
Ricardo Martínez Cabrales como presidente de la Comisión de Transparencia en el cabildo, Oscar Lozano Oficial Mayor y el representantes de la edil priísta Claudia Araújo, han sido señalados por esta acción que pone en duda su probidad e integridad en el ejercicio de su responsabilidad, negando que su favorable voto para la compra lesiva de las quince patrullas haya sido a cambio de una compensación económica, es decir, no fueron sobornados con dinero, lo que los sitúa irremediablemente en que su aprobación fue por imbecilidad.
Porque se requiere serlo para haber aprobado que el gobierno que dirige Mirna Rincón Vargas, compre quince patrullas de la marca Dodge, cabina sencilla, con balizaje e IVA incluido en un monto de 693,999.00 pesos. Cuando un vehículo de la marca Chevrolet, doble cabina, balizado e incluido el IVA, tiene un costo de 700 mil pesos, en pocas palabras, autorizaron el peor vehículo al precio más alto.
Si bien es cierto que solo se presentaron dos empresas a este concurso, no era obligado que adquirieran la que presentó el menor costo, Auto Productos de la Costa S.A. de C.V., en especial, cuando fueron alertados del daño que causarían a las finanzas del Ayuntamiento si aprobaban la compra, por los ediles Mario Hernández de MC, Manuel Salazar independiente, y Miguel Calles del PAN.
No es la primera ocasión en que la imbecilidad es el fundamento para que funcionarios del gobierno municipal cometan yerros que se ven como actos de corrupción, solo hay que recordar el convulso asunto del proceso de licitación para la concesión de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos, entuerto que mostró el grado de descomposición que guardan instancias de la administración de Rincón Vargas como lo son Oficialía Mayor, Sindicatura y algunos ediles panistas.
De este asunto resalta la maniobra que hicieron para cambiar un fallo para beneficiar a quien les dio dinero en la campaña electoral, hecho, que generó la inconformidad y denuncia del afectado ante la Sindicatura, quien a través de José Ciprés Tinoco, elaboró un dictamen que es el antecedente de la imbecilidad oficial, con lo que contribuyó para que la concesión de Arrastre y Almacenamientos de vehículos fuera entregada a quien la había comprado en el periodo electoral.
Por lo anterior, y considerándolo como preámbulo con respecto a lo registrado el pasado mes de diciembre con el proceso de licitación para la compra de las 15 patrullas, todo parece indicar, que algunos funcionarios de la administración municipal pretenden implementar una nuevo estilo en las acciones de corrupción.
Tal parece que las actitudes ilegales ya no solo serán por un intercambio de favores entre funcionarios y proveedores, sino que también tendrá vigencia la imbecilidad, lo que asusta, porque son muchos los funcionarios que no solo cuentan con esa capacidad, sino que la tienen y con iniciativa.
Solo es cuestión de observar.
Y mientras tanto….
El espurio regidor del PRI, Eligio Valencia López, continúa con su onanismo mental de querer dirigir en el estado a quienes lo repudian, las juventudes tricolores.