El decreto aprobado para preservar a la Vaquita Marina, generará pérdidas por más de 80 millones 500 mil pesos, afectando a más de 2 mil quinientas personas y a más de 540 familias del estado: Juan Morán Sánchez
Ensenada, Baja California
Octubre 15 de 2017
La insensibilidad social de la Secretaría de Marina y Recursos Naturales (Semarnat) a cargo Rafael Pacchiano Alemán, mostrada el 11 de octubre firmando un decreto que restringe la pesca en el alto golfo de Baja California, condena a la pesca y la industria del Estado al punto de llevar a la quiebra a por lo menos 14 empresas productoras de moluscos bivalvos del alto golfo, así como a comercializadoras todas establecidas en Ensenada, ya que todos esos productos únicamente tienen salida para exportación desde ese puerto; lacerando la forma de vida de más de 500 familias en el Estado, señaló Juan Morán Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola, delegación Baja California.
Morán Sánchez explicó que el 11 de octubre, la Semarnat, de manera unilateral, sin mediar nada, ni buscar una estrategia de mitigación con el sector pesquero e industrial del Estado, estableció la restricción a la navegación, las actividades de pesca, de turismo náutico, así como cualquier otra actividad que pudiera desarrollarse en un polígono que abarca toda el área de pesca del alto golfo; a excepción de aquellas cuyo objetivo sea la preservación de la vaquita marina y que estén autorizadas por la Secretaría de Marina.
Con esta decisión, explicó, el Baja California dejará de generar más de 80 millones de pesos en divisas durante los mejores meses de captura de moluscos bivalvos que es de octubre a febrero.
Señaló además, que el delegado federal en Baja California de la Semarnat Alfonso Blancafort Camarena ha sido evasivo, sin sensibilidad para atender al sector, opaco y poco transparente como funcionario público para enfrentar al sector y buscar la mediación.
“Además nos parece inaceptable que el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, atente directamente contra los derechos humanos de más de 540 familias bajacalifornianas, dejando en la indefensión a mujeres, niños, adultos mayores, madres trabajadoras y padres de familia, que de la pesca hacen su forma de vida” señaló.
Agregó “hoy le hacemos un llamado al Presidente de la República a privilegiar el derecho de más de 2 mil quinientos ciudadanos de este Estado a los que debe de proteger, sobre intereses particulares.”
El líder de la pesca y la acuacultura en Baja California manifestó que para resarcir el daño que se le está generando al sector, el gobierno federal puede como lo ha hecho en otras pesquerías, subsanar el costo que asciende a más de 80 millones de pesos para evitar el cierre de empresas en el Estado.
No somos, dijo, ciudadanos de segunda o tercera, merecemos atención y que se respeten nuestros derechos humanos; el artículo 5 de la Constitución Mexicana establece que el Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse. Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.
Invocaremos nuestros derechos constitucionales, acudiremos a la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y realizaremos toda suerte de acciones de resistencia pacífica para evitar que la insensibilidad y los intereses de unos cuantos, condenen al sector en Baja California, puntualizó.